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Bienestar financiero   3 Feb 2021

Grados de dependencia y prestaciones en el marco del SAAD

Autor

Juan Oliva | Luz María Peña Longobardo | Raúl del Pozo Rubio

En este post se describe en primer lugar el peso que han tenido las prestaciones de dependencia (económicas y servicios) desde la puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia, para a continuación detallar la distribución de prestaciones según el grado de dependencia de la persona beneficiaria. Cabe señalar que la información pública es bastante exigua, por lo que el menor grado de severidad carece de dicha información.

En posts anteriores hemos descrito, por un lado, los tres grados de dependencia que reconoce el SAAD y la severidad inherente a cada uno de ellos en términos de número de veces al día que la persona con dependencia precisa ayuda; y por otro, la diferencia entre prestaciones de servicios y económicas, y a su vez, cómo las principales prestaciones de servicios correspondían a servicio de atención residencial, centros de día/noche y servicio de ayuda a domicilio, mientras que las prestaciones económicas hacen lo propio en vinculada al servicio, de asistencia personal y para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Según muestran las estadísticas del SAAD ofrecidas por la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO, existe una importante heterogeneidad de distribución de prestaciones en función del grado y de la comunidad de residencia. Ello se debe a que el grado no expresa o no indica qué tipo de prestación necesita la persona dependiente, si de servicios o monetaria, sino la rapidez o urgencia con que precisa la prestación. Por ejemplo, pensemos en una persona que se encuentra en la fase tardía o de demencia grave a causa de la enfermedad de Alzheimer, y una persona de muy avanzada edad con fractura de la cadera que le causa una postración vitalicia: si bien en ambos casos el grado de dependencia puede ser la gran dependencia, las necesidades de la persona postrada pueden ser diametralmente diferentes de la persona con Alzheimer que todavía puede contar con movilidad.

Si bien el objeto inicial de la Ley de Dependencia en términos de balance de prestaciones era conferir un carácter preferente a la prestación en especie o de servicios en detrimento de un carácter puramente residual a la prestación económica, el inicio de la existencia de estadísticas, en el año 2008, reveló un comportamiento contrario. En términos generales, a finales de 2008, el 44,62% de las prestaciones eran de servicios, mientras que el 55,38% eran prestaciones económicas: y de estas, el 75,06% correspondían a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Un año más tarde, en 2009, se registra la máxima distancia de la intención inicial, puesto que las prestaciones económicas alcanzan un peso del 63,03%, de las que la prestación diseñada para el cuidado informal escala hasta el 87,82% de éstas, los servicios quedan reducidos por su parte hasta el 37,38% de las prestaciones. Desde este año, las prestaciones económicas comienzan a perder peso paulatinamente, puesto que así lo hace la prestación económica para el cuidado informal, y esa tendencia se mantiene hasta la actualidad. Por ejemplo, en 2013, las prestaciones de servicios alcanzan la cota del 40%, teniendo un peso la prestación económica diseñada para el cuidado informal del 84,75% del total de prestaciones económicas. En 2019, las prestaciones de servicios alcanzan su tercer mayor registro de la serie, con un peso del 46,91% del total de prestaciones, quedando las prestaciones económicas asignadas en el 53,03% de todas las prestaciones, y donde la prestación económica establecida para cuidados informales logra su cota más baja, con un peso del 72,84% del total de prestaciones económicas.

Tratando de unir tipo y naturaleza de prestación con grado de dependencia, tenemos que señalar que la única información completa y pública existente es una publicación que realizó en IMSERSO en enero de 2011, y que contiene información relativa únicamente de los grados II y III de dependencia.

A nivel nacional, según esta información, se observa que para el mayor grado de severidad de dependencia (grado III), la prestación más utilizada es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (52,59% del total) en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, seguida de los servicios de atención residencial (21,35%), servicio de ayuda a domicilio (10,51%), la prestación económica vinculada al servicio (9,06%), y los centros de día / noche (6,30%). Cabe señalar la escasa utilización, sólo en este grado, de la prestación económica para asistencia personal, con un 0,18% de las prestaciones totales, siendo el País Vasco prácticamente la única comunidad que la desarrolla, aunque muy tímidamente (78,31% de todas las prestaciones de asistencia personal tienen lugar en el País Vasco).

El grado II de dependencia parece mostrar un comportamiento muy similar al del grado III. En este sentido, de nuevo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales es asignada en casi 6 de cada 10 prestaciones (58,08%), seguida en este grado del servicio de ayuda a domicilio, con un peso del 17,97%, y posteriormente, los servicios de atención residencial (11,43%) y centros de día / noche (6,91%). Cierra el ranking la prestación económica vinculada al servicio (5,61%), quedando sin ninguna prestación la prestación económica de asistencia personal.

Respecto al grado I de dependencia, como ya hemos comentado, no existe información específica sobre distribución de prestaciones por grado. Sin embargo, nos gustaría señalar que desde el 1 de enero de 2014, no se puede asignar una prestación de atención residencial, ni tampoco financiar un servicio de atención residencial enmarcado dentro de la prestación económica vinculada al servicio para aquellas personas que hayan sido baremadas y reconocidas con dicho grado.

(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl del Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.

(**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros. Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas. 

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A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio prestado en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 14.750 euros; a 20. 300 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 18.600 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 17.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. La partida que supone mayor gasto es el servicio de centro de día, con grandes diferencias relativas entre regiones, puesto que su peso oscila entre un 50%-85% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 42% del PIB pc de la Comunidad M, el 106% del PIB pc de la Comunidad A1, el 65% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 73% del PIB pc de la Comunidad C. Tercer caso Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 61.250 euros; a 49.720 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 55.640 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 45.330 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. “La partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, con gran diferencia, la cual oscila entre el 96%-99% del coste”, dado que nos referimos a la partida. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 175% del PIB pc de la Comunidad M, el 260% del PIB pc de la Comunidad A1, el 194% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 186% del PIB pc de la Comunidad C. Por tanto, como muestran los ejemplos, la variabilidad del gasto por regiones es considerable. En función del caso seleccionado, la comunidad donde el gasto de las familias es mayor varía, así como el orden de continuación de las restantes. 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Como hemos ido visto a lo largo de varios posts, La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia reconoce a los ciudadanos el derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes. Sin embargo, ello no implica que la atención prestada en el ámbito de la dependencia no tenga ningún coste para los usuarios ni para sus familiares.Una parte del coste ya la hemos tratado al referirnos a los cuidados no profesionales, también denominados informales . La exigente dedicación que requieren las personas con limitaciones en su autonomía se traduce en un importante número de horas de cuidado, a veces a lo largo de muchos años, y con una importante intensidad. 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Tras seis meses de espera, recibe valoración positiva de la solicitud del cambio, pero aún restarán 6 meses antes de recibir efectivamente dicho servicio. Mientras tanto, en los 6 primeros meses sigue acudiendo al centro de día. En los 6 siguientes meses la familia contrata a una profesional de manera privada para que preste la ayuda a domicilio. Los 2 siguientes años recibe el servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el SAAD, intensificándose asimismo los cuidados informales proporcionados por los hijos. Trascurrido ese tiempo, la mujer ingresa en una residencia donde vivirá cuidada 4 años más hasta el momento de su fallecimiento. En los 9 años contemplados, el gasto monetario para la familia ascendería a 38.300 euros, de los cuales casi el 80% sería el gasto de la residencia (30.000 euros), seguido del centro de día (5.400 euros) y los 6 meses de ayuda a domicilio del profesional contratado. Si comparamos esta cifra con el valor del Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc), una medida de renta personal ampliamente empleada, la misma representaría un 148% del PIB pc del mismo año de valoración. Segundo caso Varón, de 70 años, viudo, recibe cuidados de sus hijos en las tareas domésticas durante 8 años. A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio. Este último se prestará en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio complementario de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia ascendería a 17.000 euros, de los cuales casi las 2/3 partes corresponde a los copagos relacionados con el centro de día (11.000 euros), seguido del gasto en contratación del servicio complementario de ayuda a domicilio privado (3.600 euros, un 21,2% del total) y del copago por el servicio de ayuda a domicilio público (2.050 euros, un 12,1% del total). Esta cifra representaría un 66% del PIBpc del mismo año de valoración. Tercer caso Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir la familia ascendería a 55.665 euros, estando concentrada la mayor parte en los gastos por los servicios residenciales: 31.000 euros (un 55,7%) del pago a la residencia privada y 23.430 euros (42,1%) que correspondería por el copago en la residencia concertada. Esta cifra representaría un 215% en relación con el PIBpc del mismo año de valoración. Los ejemplos seguidos son extremadamente sencillos y no recogen una serie de gastos adicionales en los que deben incurrir las familias (dietas especiales, servicios de fisioterapia, podología, adaptación de viviendas, etc.). Tampoco hemos incluido ayudas monetarias que reciben las familias por motivo del cuidado informal.El objetivo del post y, derivada del mismo, la naturaleza de los ejemplos centrada en los pagos asociados a servicios en especie, consistía en mostrar que las cargas financieras que pueden tener que asumir las familias en caso de que uno de sus miembros de avanzada edad derive en una situación de dependencia.  En un post posterior mostraremos que la carga puede ser muy heterogénea no dependiendo solo de la trayectoria del estado de salud y limitaciones de la persona dependiente sino también de su lugar de residencia.(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl de Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.(**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas.  

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