La OCDE apuesta por fórmulas que permitan compatibilizar pensión y trabajo
En España nos jubilamos antes y vivimos más años, lo que genera jubilaciones muy largas que con la fórmula actual genera un elevado coste al sistema
¿Cuáles son las conclusiones al comparar la jubilación en España con la de otros países de la OCDE? Destacan dos peculiaridades en el caso español: Por un lado, nuestro país está entre los tres países de la OCDE con mayor esperanza de vida: 83,3 años frente a los 80,9 que registran de media el conjunto de países de esta organización. Por otro lado, y con una lectura menos positiva, España está entre los 5 países con la tasa de fertilidad más baja: 1,4 hijos por mujer frente a una media de la OCDE de 1,7. Estos dos factores combinados conducen a profundos cambios en la estructura demográfica hacia una población fuertemente envejecida.
De esta forma comienza exponiendo la situación de nuestro país Hervé Boulhol, responsable de pensiones en la división de trabajo y política social de la OCDE en su presentación del informe “Pensions at a Glance 2017”, que ofreció interesantes pinceladas sobre las pensiones en España, sus reformas recientes y las necesidades futuras.
Las pensiones actuales
Boulhol afirma que, a día de hoy, las pensiones son generosas en España si nos atenemos a la tasa de sustitución (relación entre la pensión y el último salario), que es una de las más altas de la OCDE. Además, la tasa de pobreza en España del grupo poblacional de mayores de 65 años es una de las más bajas, en niveles inferiores al 5% y notablemente por debajo de la media de la OCDE.
Otro problema al que apunta Boulhol es que, además de que España destaca por su elevada esperanza de vida, la salida del mercado laboral es cada vez más temprana en nuestro país (62,3 años en media, frente al 64,3 de la OCDE). Es decir, nos retiramos cada vez antes mientras aumenta la esperanza de vida, lo que amplía el periodo de jubilación por encima de los 20 años, lo que eleva considerablemente el coste de la protección social de los individuos.
La necesidad de avanzar en la jubilación flexible
La OCDE se refiere a la jubilación flexible en tres términos:
- Aquella que fomenta el retiro gradual.
- Combinando el trabajo con la pensión de jubilación.
- Permitiendo flexibilidad a la hora de elegir la edad de jubilación.
España es el país de la OCDE en el que menor porcentaje de trabajadores entre 55 y 69 años combinan una pensión con el trabajo activo, según se puede ver en este gráfico de la propia OCDE y con datos de 2012.
Todos los países de la OCDE cuentan con una fórmula para combinar pensión y trabajo, pero España es uno de los siete países que limitan la cuantía de la pensión. Concretamente, al 50%.
Por otro lado, España es de los países que menos premian el hecho de trabajar más allá de la edad ordinaria de jubilación, según ilustra este gráfico de la OCDE (porcentaje de incremento por cada año adicional trabajado)
Estos son los dos puntos fundamentales en los que España debe avanzar para hacer frente a sus desafíos: eliminar obstáculos a la compatibilización de trabajo y pensión e incrementar los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación ordinaria.
Reformas recientes
En general, las reformas en los países de la OCDE en los últimos años han sido pocas y de escasa repercusión. También en España, tras las reformas de 2011 y 2013, que eran necesarias para recuperar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, comprometida por factores demográficos y no tanto por la crisis.
La reforma de 2011 introdujo el retraso paulatino en la edad de jubilación, el incremento gradual del periodo de cálculo de la base reguladora (de los últimos 15 años a los últimos 25 años) y el aumento del periodo requerido para acceder al 100% de la pension.
La reforma de 2013 introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones-IRP, cuya aplicación se ha congelado y sustituido transitoriamente por una revalorización vinculada a la inflación, y que probablemente quedará definitvamente derogado en los proximos meses con la introducción en nuestro ordenamiento jurídico del IPC como criterio de revalorización de las pensiones. Asimismo, esa reforma de 2013 introdujo el Factor de Sostenibilidad, que actualmente está suspendido hasta 2023, que ajustaría las pensiones a la evolución de la esperanza de vida.
Concluye Boulhol afirmando la necesidad de seguir trabajando en futuras reformas, especialmente en incrementar el peso de los sistemas complementarios de capitalización como fuente de ingresos de los jubilados.