La seguridad social de las pensiones y la reforma de 2021

Los autores de esta Tribuna de análisis, Mercedes Ayuso y José Antonio Herce, miembro y presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, piden que se haga un ejercicio político y social de realismo, altas miras y responsabilidad, en relación a los retos que afronta nuestro sistema de pensiones durante las próximas tres décadas y después de las mismas.

Estos retos mayúsculos son consecuencia principalmente de la creciente longevidad y el incremento de la esperanza de vida de la población española, así como de la jubilación progresiva de la muy numerosa “generación” del “baby boom (nacidos entre 1958 y 1977), que empieza en 3-4 años. Un fenómeno que por su extensión afectará a nuestro sistema de pensiones durante casi 30 años más allá. El problema que el baby-boom representa no es otro que el de liquidez del sistema (no tanto de solvencia), porque las pensiones de cada año se pagan con las cotizaciones recaudadas cada año (nuestro sistema es un sistema de reparto). El sistema gasta más de lo que ingresa, problema que se ve exacerbado por el hecho de que cada cohorte vive unos cuantos años más que la de sus padres. El tránsito a la jubilación de los nacidos entre 1958 y 1977 provocará un enorme problema de liquidez. En los próximos años, la digestión de estas generaciones va a ser difícil y dolorosa, financieramente hablando. Bajo este panorama, ¿cómo cabe enjuiciar la “reforma de las pensiones de 2021” ?, se preguntan José Antonio Herce y Mercedes Ayuso. Dentro de las medidas contempladas en el “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”, que recoge el primer paquete de medidas acordado entre Gobierno y agentes sociales, hay que destacar dos medidas troncales y una “no medida”. Las medidas troncales son:

1. La vuelta a la actualización de las pensiones con la inflación.
2. El rediseño de los incentivos (penalizaciones y bonificaciones) para el retraso de la edad efectiva de jubilación.

La no medida es la derogación (¿definitiva?) del Factor de Sostenibilidad. El retorno de la indexación de las pensiones con la inflación, nos retrotrae a 2011, actualizando de manera automática pero asimétrica. No se tiene en cuenta que la inflación pueda ser negativa, como sucedió en 2014, 2016 y 2020. Esto aumenta el gasto sin justificación social, que podría incrementarse entre 2,3 y 5 puntos porcentuales del PIB. En relación a los incentivos al retraso de la edad efectiva de jubilación, lo nuevo es que las penalizaciones se aplicarán ahora a partir de la pensión máxima hacia abajo y no a partir de la pensión que salga de la “fórmula de cálculo española”, a veces superior a la máxima, y por tanto completamente ineficaces. Otra novedad en este campo de los incentivos es que ahora, si se opta por demorar la jubilación, se podrá elegir entre el 4% por cada año completo de trabajo efectivo con posterioridad al cumplimiento de la edad de jubilación o un pago único por cada año completode trabajo efectivo y cotizado entre la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación y la del hecho causante de la pensión (que puede llegar hasta un máximo de 12.060 euros). Debido a nuestros sesgos conductuales, las personas tendrán tendencia a pedir el capital a tanto alzado, aunque en la mayor parte de los casos (dependiendo de su longevidad) los pensionistas recibirían mucho más con el complemento del 4%. La derogación del Factor de Sostenibilidad, también nos retrotrae a 2011: una década perdida. Nos encontramos luchando frente al gran gigante que supone la aparición de pirámides poblacionales regresivas, alejadas de las que en su día sirvieron como base para el diseño de nuestro sistema de pensiones de reparto. Además de todo esto que la reforma de 2021 traerá consigo y que se verá en el BOE de finales de diciembre de este año, quedan meses de filtraciones y globos sonda de posibles medidas todavía en gestación.  Los autores hacen un rápido recuento de las mismas:

1. El aumento del periodo de cómputo.
2. La cotización de los trabajadores autónomos.
3. El Mecanismo de Equidad Generacional (que deberá sustituir al Factor de Sostenibilidad.
4. Los súper fondos (y planes) públicos de pensiones de empleo.
5. El desarrollo de nuevo Artículo 52 de la Ley del IRPF (tratamiento fiscal aportaciones a instrumentos previsión social).

Las dos últimas propuestas anteriores son parte medular de la “prima pobre” de la Previsión Social española: la Previsión Social Complementaria.  Solo aprendiendo de lo que hacen los sistemas más avanzados, veremos la relevancia que tiene la previsión complementaria. El desarrollo del segundo pilar (planes de pensiones de empleo) se ha convertido en estratégico en muchos países y no deberíamos alejarnos de aquello que demuestra ser eficiente, también en aumento de productividad.