“Los cuidados en una sociedad envejecida”. La mirada experta de Gregorio Rodríguez Cabrero

Los sistemas de cuidados de larga duración, al igual que la sociedad, están en constante evolución. Para poder vislumbrar el futuro de los cuidados hemos recurrido a la mirada sabia de algunas de las personas con mayor experiencia y excelencia profesional y científica en este campo. Hoy contamos con la participación de Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá y Vicepresidente de la Fundación Pilares.

El análisis y valoración de los cuidados de las personas mayores frágiles y en situación de dependencia exige responder, al menos, a cuatro preguntas: quién tiene que cuidar, cómo cuidar, dónde cuidar y cómo definir un modo personalizado de cuidados.

La respuesta a estas preguntas depende del sistema o régimen de bienestar, es decir, del modo en que los hogares, la sociedad civil organizada, el sector público y el mercado, intervienen de manera diferencial para dar satisfacción a los cuidados personales e instrumentales que pueda necesitar el mencionado colectivo.

Aquí nos vamos a referir al caso de España donde los cuidados recaen mayormente en los hogares (y dentro de estos, sobre las mujeres), el sector público dispone de una oferta limitada y desigual de servicios residenciales y comunitarios, el sector sin fin de lucro coopera con el anterior gestionando servicios sociales y, finalmente, el sector mercantil dispone de una oferta orientada, sobre todo, al sector residencial y con expectativas de rentabilidad.

La respuesta a estas cuatro preguntas y sus consecuencias en términos de políticas públicas se ha convertido en más urgente que nunca en el caso de España, debido al trágico impacto de la Covid-19 en las residencias de personas mayores y con discapacidad y a los efectos que está teniendo la pandemia en la calidad de vida de las personas afectadas y de la población cuidadora. Las limitaciones del sistema de autonomía y dependencia (el llamado SAAD) y las sobrecarga de los hogares y entidades sin fin de lucro en los cuidados evidencian que es necesario reformular el actual modelo: reforzando el papel del sector público y apoyando con decisión la opción mayoritaria de las personas por recibir apoyos y atención en sus hogares y contando con su participación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, respondemos a continuación y de manera tentativa a las cuatro preguntas planteadas que entendemos son claves para el diseño de los cuidados, tanto de corta como de larga duración.

• Quién debe cuidar. Cuidamos todos, incluidas las propias personas cuidadas. Es cierto que los cuidados se extienden por toda la estructura social, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero también lo es que el envejecimiento de la población y la longevidad, al mismo tiempo que es un éxito, supone todo un reto para las sociedades en términos de cuidados, asociados a la fragilidad, la discapacidad y la dependencia. Esto requiere concienciar sobre la importancia de los cuidados desde la escuela, superar la actual sobrecarga de los cuidados que asumen las mujeres que, en la actualidad, suelen tener que conciliarlos con el empleo en el mercado de trabajo, avanzar hacia combinaciones flexibles de actores que intervienen en los cuidados desde distintas lógicas complementarias y reforzar todos los recursos existentes en el territorio local que hacen posible la prevención, los cuidados, la rehabilitación y el acompañamiento de las personas en situación de fragilidad y dependencia.
  
• Cómo cuidar. Los cuidados deben ser integrales y centrados en la persona. Este es el paradigma que se ha abierto camino durante los últimos años. Forma parte del discurso de los profesionales. Todos parecen estar de acuerdo ritualmente. Pero lo cierto es que la aplicación y desarrollo de este paradigma no es sencilla. Que los cuidados estén centrados en la persona significa el reconocimiento y protección del derecho a los cuidados que en la actualidad es aún un derecho social “débil”. El principio 18 del Pilar Europeo de Derechos Sociales es muy claro al respecto: “el derecho a cuidados asequibles y de buena calidad, en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios”. Es un principio que puede orientar la regulación y protección social de los cuidados que, además, deben ser integrales en cuanto a combinación de servicios y prestaciones, que no sólo rehabiliten y cuiden, sino que también prevengan discapacidades y mejoren la calidad de vida. En el mismo sentido se decanta la Convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad. En ambos casos se comparten los principios de que los cuidados deben estar centrados en las personas, en la maximización de su autonomía y en la participación activa de las personas afectadas en sus propios cuidados.
  
• Dónde cuidar: preferentemente en casa. Sólo el 4,5 por ciento de la población mayor de 65 años vive en residencias. El resto vive en su casa. Este es el modelo de convivencia predominante y, por tanto, debe orientar la asignación de los recursos disponibles y la inversión social necesaria. Las residencias son necesarias en momentos determinados, cuando el coste de los cuidados en el domicilio es demasiado elevado y la organización también demasiado compleja o inviable, sin contar otros costes ocultos y de oportunidad que afectan a la población cuidadora. Nadie pone en duda que las residencias son un recurso asistencial necesario para personas con graves y severas dependencias. Pero hay que caminar hacia tamaños residenciales humanos, con fácil acceso al sistema sanitario (no es necesario sanitarizar las residencias, aunque sí una adecuada dotación y conexión con los servicios sanitarios), con servicios de calidad centrados en la persona, controlados adecuadamente y con capacidad de reacción rápida ante emergencias sociales y sanitarias. Las residencias no pueden ser “aparcamientos”, sino hogares de cuidados sociosanitarios.
  
  Del colectivo que vive en casa y recibe cuidados poco más del 10 por cien recibe el servicio de teleasistencia, el 5 por ciento ayuda a domicilio y poco más del 1 por ciento acude a centros de día, en general compatibles entre sí. Porcentajes que están a gran distancia de la cobertura de los modelos nórdico y centro europeo (¹). La inversión social en servicios domiciliarios y comunitarios es un reto imperativo que, además, será facilitado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En suma, la ecuación planteada es potenciar los servicios domiciliarios y comunitarios y humanizar las residencias.
  
  ¹Ver en este sentido Slavina Spasova, Rita Baeten, Stéphanie Coster, Dalila Ghailani, Ramón Peña-Casas and Bart Vanhercke (2018): “Challenges in long-term care in Europe. A study of national policies 2018”, Brussels, European Commission.
• Cómo organizar los cuidados: resolver cada caso flexible e integralmente. La gestión del caso es la herramienta para resolver la demanda de los cuidados. El PIA o plan individual de atención, ya previsto en la ley de autonomía y dependencia de 2006, en sus diferentes modalidades, tiene que ser el resultado creativo de diseñar un plan flexible de atención, orientado sobre todo a los cuidados en el domicilio personal o familiar; un plan siempre adaptado a la persona y diseñado con la persona; que combina los diferentes recursos necesarios, sanitarios, residenciales, comunitarios y domiciliarios, coordinados como mínimo, aspirando a su integración; y que cuente con profesionales que tengan condiciones dignas de trabajo, ya que parte del empleo del cuidado a domicilio, también el residencial, sufre precariedad.

En conclusión, una sociedad de cuidados no es posible sin un reparto equitativo de la carga de los cuidados informales y sin un compromiso colectivo e institucional en favor de un sistema de cuidados integrales. Los cuidados personales son una inversión social necesaria. Sin esta, la reproducción de la sociedad no se desarrolla de manera equilibrada y las capacidades de las personas quedan severamente limitadas. La madurez de la sociedad española exige hacer efectivo el derecho al cuidado e invertir los recursos que lo hagan posible, siguiendo la lógica de que el modelo o combinaciones de modelos que debe adoptarse tiene que garantizar el derecho efectivo al cuidado personalizado y compartido por los diferentes actores concernidos.

(*) Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá y Vicepresidente de la Fundación Pilares.

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