La carga financiera de las familias asociada a la dependencia (II): diferencias regionales
Como vimos en un anterior post , las cargas financieras que pueden tener que abordar las familias cuando uno de sus miembros avanza en una situación de dependencia no son en absoluto despreciables. Más allá de la carga en términos de tiempo que supone la prestación de los cuidados familiares (también denominados informales), y sus consecuencias laborales, familiares, de salud…, las familias pueden verse necesitadas de contratar servicios privados de cuidados a personas dependientes o utilizar servicios públicos, los cuales están sujetos a determinados copagos.
En este post veremos cómo las cuantías que deben afrontar las familias pueden cambiar en función del escenario propuesto, pero también en función de su lugar de residencia. Para mostrarlo, estimaremos los gastos en cuatro CCAA diferentes: Comunidad M, Comunidad A1, Comunidad A2 y Comunidad C. La elección de dichas regiones ha sido aleatoria pero condicionada a la existencia de información sobre precios públicos y aportaciones promedio de los usuarios que constan en la publicación del IMSERSO Servicios Sociales dirigidos a personas mayores en España, de diciembre de 2019. Adicionalmente, para el pago de servicio de ayuda a domicilio privado, hemos realizado un ajuste en función de la riqueza de la región, empleando los valores relativos del Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc) de la región y del PIB pc nacional. Asimismo, emplearemos estos valores para comparar el desembolso realizado en términos de esfuerzo relativo con el PIB pc de la región.
Primer caso
Mujer, de 75 años, enferma de Alzheimer, además de los cuidados informales prestados por sus hijos, durante 5 años recibe un servicio de teleasistencia. Simultáneamente, los dos primeros años acude regularmente a un centro de día, pero con el agravamiento de su situación, la familia solicita un servicio de ayuda a domicilio. Tras seis meses de espera, recibe valoración positiva de la solicitud del cambio, pero aun restarán 6 meses antes de recibir efectivamente dicho servicio. Mientras tanto, en los 6 primeros meses sigue acudiendo al centro de día. En los 6 siguientes meses la familia contrata a una profesional de manera privada para que preste la ayuda a domicilio. Los 2 siguientes años recibe el servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el SAAD, intensificándose al mismo tiempo, los cuidados informales proporcionados por los hijos. Trascurrido ese tiempo, la mujer ingresa en una residencia donde vivirá cuidada 4 años más hasta el momento de su fallecimiento. En los 9 años contemplados, el gasto monetario para una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 30.300 euros; a 37.000 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 41.500 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 37.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. En todos los casos, la partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, la cual oscila entre un 71%-79% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 87% del PIB pc de la Comunidad M, el 194% del PIB pc de la Comunidad A1, el 145% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 155% del PIB pc de la Comunidad C.
Segundo caso
Varón, de 70 años, viudo, recibe cuidados de sus hijos en las tareas domésticas durante 8 años. A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio prestado en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 14.750 euros; a 20. 300 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 18.600 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 17.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. La partida que supone mayor gasto es el servicio de centro de día, con grandes diferencias relativas entre regiones, puesto que su peso oscila entre un 50%-85% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 42% del PIB pc de la Comunidad M, el 106% del PIB pc de la Comunidad A1, el 65% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 73% del PIB pc de la Comunidad C.
Tercer caso
Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 61.250 euros; a 49.720 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 55.640 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 45.330 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. “La partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, con gran diferencia, la cual oscila entre el 96%-99% del coste”, dado que nos referimos a la partida. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 175% del PIB pc de la Comunidad M, el 260% del PIB pc de la Comunidad A1, el 194% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 186% del PIB pc de la Comunidad C.
Por tanto, como muestran los ejemplos, la variabilidad del gasto por regiones es considerable. En función del caso seleccionado, la comunidad donde el gasto de las familias es mayor varía, así como el orden de continuación de las restantes. Ello es fruto fundamentalmente de los diferentes costes unitarios de los servicios , así como de los esquemas de copagos por servicio público de atención desarrollados por las CCAA . Adicionalmente, cuando comparamos las cifras de gasto con una medida de renta por habitante como es el PIB pc, observamos que el esfuerzo relativo de las familias varía de una manera muy apreciable en función de la región de residencia.
En cualquiera de los casos, ante una situación de dependencia en el seno familiar, el riesgo financiero que deben asumir las familias es una circunstancia que hay que considerar. Hasta el momento, el sistema de pensiones ha sido el principal elemento de soporte que ha evitado que muchas familias se vieran obligadas a elegir entre cuidar por sí mismas a sus miembros dependientes o caer a situaciones de pobreza. Así pues, el sostenimiento futuro de las pensiones y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia son dos ejes de nuestro Estado del Bienestar que se complementan y cuyo desarrollo no puede sino ser contemplado conjuntamente.
