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Bienestar financiero   7 Ene 2019

Si tienes un Grado II o III de dependencia, ¿a qué protección tienes derecho?

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

En abril de 2015 se desarrolló la extensión de la protección por dependencia en los Grados II y III

Intensidad de la dependencia: grados I, II y III.

La situación de dependencia se clasifica según los siguientes grados:

1.  Grado I. Dependencia moderada:

Se necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

2. Grado II. Dependencia severa:

Se necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

3. Grado III. Gran dependencia:

Se necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Regulación de la protección en el Grado II y III

Hasta abril de 2015, se regulaban las prestaciones a las que tenía derecho los dependientes del grado I, pero no se habían desarrollado las correspondientes al grado II y III.

El RD 291/2015, de 17 de abril, describe la atención a la que tendrán derecho los dependientes en grado II y III.

Se reconocen exactamente las mismas prestaciones que se incluían para el grado I, que ahora se extienden a todos los dependientes.

Idénticas prestaciones para todos los grados de dependencia

En general,  se reconoce derecho a los servicios de asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, los de habilitación, los de terapia ocupacional así como cualesquiera otros programas de intervención que se establezcan con la misma finalidad.

Además, a partir de la mencionada fecha, se reconoce a los dependientes del grado II y III, los siguientes servicios que disfrutaban anterioremente los dependientes de Grado I:

a) Habilitación y terapia ocupacional.

b) Atención temprana.

c) Estimulación cognitiva.

d) Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.

e) Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

f) Apoyos personales, atención y cuidados en alojamientos de soporte a la inclusión comunitaria.

Distinta intensidad de la protección según el grado de dependencia

Aunque esta norma ha reconocido las mismas prestaciones para todos los dependientes con independencia de su grado. No obstante, sí que se han establecido diferencias en la intensidad de la protección de acuerdo con las necesidades de dependencia de cada sujeto:

Duración en general del servicio de promoción autonomía personal:

a) Grados I y II: mínimo 12 horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

b)  Grado III: mínimo 8 horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

Duración atención temprana:Igual para todos los grados:

mínimo 6 horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

Duración servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional:

a) Grado I: mínimo 15 horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

b) Grado II: mínimo 12  horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

c) Grado III: mínimo 8 horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones. 


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La carga financiera de las familias asociada a la dependencia (II): diferencias regionales

Como vimos en un anterior post , las cargas financieras que pueden tener que abordar las familias cuando uno de sus miembros avanza en una situación de dependencia no son en absoluto despreciables. Más allá de la carga en términos de tiempo que supone la prestación de los cuidados familiares (también denominados informales), y sus consecuencias laborales, familiares, de salud…, las familias pueden verse necesitadas de contratar servicios privados de cuidados a personas dependientes o utilizar servicios públicos, los cuales están sujetos a determinados copagos. En este post veremos cómo las cuantías que deben afrontar las familias pueden cambiar en función del escenario propuesto, pero también en función de su lugar de residencia. Para mostrarlo, estimaremos los gastos en cuatro CCAA diferentes: Comunidad M, Comunidad A1, Comunidad A2 y Comunidad C. La elección de dichas regiones ha sido aleatoria pero condicionada a la existencia de información sobre precios públicos y aportaciones promedio de los usuarios que constan en la publicación del IMSERSO Servicios Sociales dirigidos a personas mayores en España, de diciembre de 2019. Adicionalmente, para el pago de servicio de ayuda a domicilio privado, hemos realizado un ajuste en función de la riqueza de la región, empleando los valores relativos del Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc) de la región y del PIB pc nacional. Asimismo, emplearemos estos valores para comparar el desembolso realizado en términos de esfuerzo relativo con el PIB pc de la región. Primer caso Mujer, de 75 años, enferma de Alzheimer, además de los cuidados informales prestados por sus hijos, durante 5 años recibe un servicio de teleasistencia. Simultáneamente, los dos primeros años acude regularmente a un centro de día, pero con el agravamiento de su situación, la familia solicita un servicio de ayuda a domicilio. Tras seis meses de espera, recibe valoración positiva de la solicitud del cambio, pero aun restarán 6 meses antes de recibir efectivamente dicho servicio. Mientras tanto, en los 6 primeros meses sigue acudiendo al centro de día. En los 6 siguientes meses la familia contrata a una profesional de manera privada para que preste la ayuda a domicilio. Los 2 siguientes años recibe el servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el SAAD, intensificándose al mismo tiempo, los cuidados informales proporcionados por los hijos. Trascurrido ese tiempo, la mujer ingresa en una residencia donde vivirá cuidada 4 años más hasta el momento de su fallecimiento. En los 9 años contemplados, el gasto monetario para una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 30.300 euros; a 37.000 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 41.500 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 37.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. En todos los casos, la partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, la cual oscila entre un 71%-79% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 87% del PIB pc de la Comunidad M, el 194% del PIB pc de la Comunidad A1, el 145% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 155% del PIB pc de la Comunidad C. Segundo caso Varón, de 70 años, viudo, recibe cuidados de sus hijos en las tareas domésticas durante 8 años. A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio prestado en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 14.750 euros; a 20. 300 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 18.600 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 17.750 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. La partida que supone mayor gasto es el servicio de centro de día, con grandes diferencias relativas entre regiones, puesto que su peso oscila entre un 50%-85% del coste, dependiendo de la región. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 42% del PIB pc de la Comunidad M, el 106% del PIB pc de la Comunidad A1, el 65% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 73% del PIB pc de la Comunidad C. Tercer caso Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir una familia que residiera en la Comunidad M ascendería a 61.250 euros; a 49.720 euros para una familia que residiera en la Comunidad A1; a 55.640 euros para una familia que residiera en la Comunidad A2; y a 45.330 euros para una familia que residiera en la Comunidad C. “La partida que supone mayor gasto es el servicio de residencia, con gran diferencia, la cual oscila entre el 96%-99% del coste”, dado que nos referimos a la partida. En términos de esfuerzo relativo, los gastos estimados suponen el 175% del PIB pc de la Comunidad M, el 260% del PIB pc de la Comunidad A1, el 194% del PIB pc de la Comunidad A2 y el 186% del PIB pc de la Comunidad C. Por tanto, como muestran los ejemplos, la variabilidad del gasto por regiones es considerable. En función del caso seleccionado, la comunidad donde el gasto de las familias es mayor varía, así como el orden de continuación de las restantes. Ello es fruto fundamentalmente de los diferentes costes unitarios de los servicios , así como de los esquemas de copagos por servicio público de atención desarrollados por las CCAA . Adicionalmente, cuando comparamos las cifras de gasto con una medida de renta por habitante como es el PIB pc, observamos que el esfuerzo relativo de las familias varía de una manera muy apreciable en función de la región de residencia. En cualquiera de los casos, ante una situación de dependencia en el seno familiar, el riesgo financiero que deben asumir las familias es una circunstancia que hay que considerar. Hasta el momento, el sistema de pensiones ha sido el principal elemento de soporte que ha evitado que muchas familias se vieran obligadas a elegir entre cuidar por sí mismas a sus miembros dependientes o caer a situaciones de pobreza. Así pues, el sostenimiento futuro de las pensiones y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia son dos ejes de nuestro Estado del Bienestar que se complementan y cuyo desarrollo no puede sino ser contemplado conjuntamente.

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La carga financiera de las familias asociada a la dependencia

Como hemos ido visto a lo largo de varios posts, La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia reconoce a los ciudadanos el derecho a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas dependientes. Sin embargo, ello no implica que la atención prestada en el ámbito de la dependencia no tenga ningún coste para los usuarios ni para sus familiares.Una parte del coste ya la hemos tratado al referirnos a los cuidados no profesionales, también denominados informales . La exigente dedicación que requieren las personas con limitaciones en su autonomía se traduce en un importante número de horas de cuidado, a veces a lo largo de muchos años, y con una importante intensidad. Como hemos visto, aun reconociendo los aspectos positivos ligados con los cuidados, ello tiene consecuencias indeseadas sobre la salud, la condición laboral y las relaciones familiares y personales de las personas cuidadoras.En este post, en cambio, nos vamos a centrar en otro tipo de costes que pueden tener que asumir las personas cuidadas y sus familias: los gastos financieros. Para mostrarlo vamos a recurrir a tres ejemplos de la multitud de situaciones que pueden darse ligadas a las situaciones de dependencia. En los tres casos vamos a suponer que las preferencias de las familias se decantan por recibir servicios profesionales. También vamos a recordar que incluso si dichos servicios se prestan bajo el paraguas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los mismos no se reciben inmediatamente, sino que se debe pasar por un proceso de valoración y, en caso de concesión, de espera en la recepción del servicio (el llamado “limbo de la dependencia”) y que estos servicios están sujetos a esquemas de copagos. Para ayudarnos en nuestro empeño vamos a utilizar los datos sobre precios públicos y aportaciones promedio de los usuarios que constan en la publicación del IMSERSO Servicios Sociales dirigidos a personas mayores en España, de diciembre de 2019 . Primer casoMujer, de 75 años, enferma de Alzheimer, además de los cuidados informales prestados por sus hijos, durante 5 años recibe un servicio de teleasistencia. Simultáneamente, los dos primeros años acude regularmente a un centro de día, pero con el agravamiento de su situación, la familia solicita un servicio de ayuda a domicilio. Tras seis meses de espera, recibe valoración positiva de la solicitud del cambio, pero aún restarán 6 meses antes de recibir efectivamente dicho servicio. Mientras tanto, en los 6 primeros meses sigue acudiendo al centro de día. En los 6 siguientes meses la familia contrata a una profesional de manera privada para que preste la ayuda a domicilio. Los 2 siguientes años recibe el servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el SAAD, intensificándose asimismo los cuidados informales proporcionados por los hijos. Trascurrido ese tiempo, la mujer ingresa en una residencia donde vivirá cuidada 4 años más hasta el momento de su fallecimiento. En los 9 años contemplados, el gasto monetario para la familia ascendería a 38.300 euros, de los cuales casi el 80% sería el gasto de la residencia (30.000 euros), seguido del centro de día (5.400 euros) y los 6 meses de ayuda a domicilio del profesional contratado. Si comparamos esta cifra con el valor del Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc), una medida de renta personal ampliamente empleada, la misma representaría un 148% del PIB pc del mismo año de valoración. Segundo caso Varón, de 70 años, viudo, recibe cuidados de sus hijos en las tareas domésticas durante 8 años. A los 78 años de edad, recibirá servicio de teleasistencia, sustituyendo una parte del cuidado familiar por un servicio de centro de día y de manera simultánea por un servicio de ayuda a domicilio. Este último se prestará en el marco del SAAD durante 4 horas diarias debido al empeoramiento de su estado de salud, durante un total de 5 años. En su último año de vida no puede seguir acudiendo al centro de día. Seguirá recibiendo ayuda familiar y servicio de ayuda a domicilio por parte del SAAD, pero además lo complementará con un servicio complementario de ayuda a domicilio privado, principalmente centrado en la realización de tareas del hogar. Partiendo del momento en el cual comienza a recibir los primeros servicios y estimados en los 6 años restantes, el gasto monetario que tendría que asumir la familia ascendería a 17.000 euros, de los cuales casi las 2/3 partes corresponde a los copagos relacionados con el centro de día (11.000 euros), seguido del gasto en contratación del servicio complementario de ayuda a domicilio privado (3.600 euros, un 21,2% del total) y del copago por el servicio de ayuda a domicilio público (2.050 euros, un 12,1% del total). Esta cifra representaría un 66% del PIBpc del mismo año de valoración. Tercer caso Varón, 80 años, casado, sufre un ictus que le ocasiona importantes limitaciones en su autonomía. Recibe teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio durante 3 horas a la semana, durante 4 años. A los 84 años de edad, la familia decide su ingreso en una residencia. Los tiempos de espera de valoración y resolución se alargan durante 18 meses, en los cuales la familia debe hacerse cargo de la factura de la residencia. Transcurrido ese plazo, se ofrece a la familia una plaza en un centro concertado, la cual es aceptada. La persona vivirá 3 años más antes de su fallecimiento. Durante los 8 años y medio contemplados, el gasto monetario que tendría que asumir la familia ascendería a 55.665 euros, estando concentrada la mayor parte en los gastos por los servicios residenciales: 31.000 euros (un 55,7%) del pago a la residencia privada y 23.430 euros (42,1%) que correspondería por el copago en la residencia concertada. Esta cifra representaría un 215% en relación con el PIBpc del mismo año de valoración. Los ejemplos seguidos son extremadamente sencillos y no recogen una serie de gastos adicionales en los que deben incurrir las familias (dietas especiales, servicios de fisioterapia, podología, adaptación de viviendas, etc.). Tampoco hemos incluido ayudas monetarias que reciben las familias por motivo del cuidado informal.El objetivo del post y, derivada del mismo, la naturaleza de los ejemplos centrada en los pagos asociados a servicios en especie, consistía en mostrar que las cargas financieras que pueden tener que asumir las familias en caso de que uno de sus miembros de avanzada edad derive en una situación de dependencia.  En un post posterior mostraremos que la carga puede ser muy heterogénea no dependiendo solo de la trayectoria del estado de salud y limitaciones de la persona dependiente sino también de su lugar de residencia.(*) Juan Oliva, Luz Mª Peña Longobardo y Raúl de Pozo Rubio son profesores del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla La Mancha. Su actividad científica está centrada en la economía y gestión de la salud, con especial interés en el impacto económico de las enfermedades, el uso de la evaluación económica aplicada a la toma de decisiones Y el análisis de los cuidados de larga duración.(**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas.  

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¿Por qué la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no valora la atención de los cuidadores familiares?

Según diversas encuestas, un 80% de las personas prefieren envejecer en su casa siempre que el nivel de las discapacidades lo permita; es bastante evidente que, si la persona se encuentra postrada en cama o requiere una vigilancia continuada de sus actos, la necesidad de un servicio de atención residencial es bastante ineludible a no ser que pueda costearse un servicio privado continuado -las 24 horas al día y todos los días del año- en su propio domicilio. Sin embargo, existe un amplio abanico de situaciones en que la persona tiene limitada su autonomía, pero no necesita una supervisión constante; en este caso, se considera la posibilidad y/o conveniencia de “cuidados familiares”. Hablamos de posibilidad porque no siempre la persona tiene familiares en su entorno que puedan prestarle esos cuidados o bien las relaciones familiares son malas o inexistentes.Como ya se ha mencionado en posts anteriores (Raúl del Pozo, Juan Oliva, Luz María Peña, Rodríguez Cabrero, entre otros), los cuidados familiares tienen una gran importancia en la atención de larga duración ya que, tradicionalmente, la familia ha sido y continúa siendo un soporte importante para las personas en situación de dependencia.En España, como en otros países –Alemania, Francia, Austria - que tienen leyes de Protección Social para las personas en situación de dependencia, se ofrece a las personas valoradas como “dependientes” prestaciones “públicas”, entendiendo por públicas el hecho de que sean financiadas, total o parcialmente, por el Estado. Las prestaciones o ayudas públicas están en función del tipo de cuidado que se requiera y se distinguen dos grandes grupos: servicios profesionales y cuidados no profesionales. Entre estas últimas encontramos los “cuidados en el entorno familiar” conocidos, también, como “cuidados no profesionales” o “cuidados familiares”.La prestación por cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, tal como la define la Ley, es una prestación monetaria a nombre de la persona beneficiaria y tiene como objetivo contribuir a los gastos derivados de la atención a la persona en situación de dependencia. La cuantía de la prestación varía en función del grado de dependencia, tal como se puede ver en el cuadro.   Cuantía máxima (euros mes) Cuantía mínima (euros mes) Grado 3 387,64 290,73 Grado 2 287,79 201,59 Grado 1 153,00 153,00 Además, la persona cuidadora estará dada de alta en la Seguridad Social en el epígrafe de “convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia” y su cuota es pagada por el Estado.El perfil del cuidador familiar es mayoritariamente “femenino”. A fecha de enero de 2021, había 60.250 personas aseguradas en el “convenio especial de cuidadores no profesionales” y el 89% eran mujeres. El número de personas aseguradas representa solo un 13,4% de las personas beneficiarias de la prestación económica de cuidador familiar. La primera pregunta que surge a la vista de los datos es ¿por qué hay tan pocos cuidadores asegurados cuando uno de los requisitos de dicha prestación es que no es compatible con un empleo remunerado, aunque sea de media jornada? La respuesta es que la mayoría de las personas cuidadoras son pensionistas, o inactivas laboralmente (esposa dedicada a sus labores) mayores de 65 años y, por ello, no están ni pueden estar cotizando a la Seguridad Social; dicho en otras palabras, la mayoría de los cuidadores son los propios cónyuges que además son mayores, sin descartar un pequeño porcentaje de hijas -cuidadoras- en situación de pensionistas o en edad de jubilación.Sobre la condición de “no tener un empleo remunerado” para poder optar a ser cuidador familiar ¿tiene sentido pensar que la persona cuidadora renunciará a su trabajo profesional para cuidar a su padre o madre por 387 euros al mes? Para que dicha compensación le resulte beneficiosa su contrato de trabajo debería ser de un tercio de la jornada completa y su remuneración salarial la mínima que establece el salario mínimo interprofesional. Así, se puede concluir que, o bien los “cuidadores familiares” ya están desocupados antes de que el familiar solicite dicha prestación o que el contrato de trabajo que tenía era precario. Se hace difícil pensar que una persona que tenga un “buen salario” renuncie a su trabajo, en este caso parece más probable que la persona dependiente opte por el servicio de atención domiciliaria completando la ayuda con un servicio privado, en el caso que las horas del servicio público sean insuficientes, sin que ello suponga la total desvinculación de la familia, la cual ejerce una función de supervisión, apoyo emocional y económico si es necesario.Por otro lado, la cotización a la Seguridad Social cuando se es “cuidador” solo cubre la contingencia de la pensión de jubilación, mientras que, en otros países como Francia incluye también la contingencia de “accidentes laborales” y “desempleo”. Así, cuando finalice el periodo de cuidador, la prestación de desempleo se verá incrementada por el tiempo que ha estado cuidando.Otras preguntas surgen cuando se comparan los beneficios de dicha prestación con otras homólogas de países de nuestro entorno (Francia, Alemania, Austria) conduciendo a la conclusión de que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no valora suficientemente el trabajo del cuidador familiar. ¿Por qué?La propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia considera que la prestación económica por cuidados no profesionales tiene carácter excepcional y solo se debería prescribir cuando no sea posible ofrecer un servicio profesional de los incluidos en la cartera de servicios. Aún más, desde 2012, con los “recortes de los servicios públicos” por la crisis económica de 2008, la Ley introdujo la penalización de aquellas CCAA que tuvieran un mayor número de prestaciones económicas concedidas, aplicando una reducción en los ingresos que la CA debería percibir del Estado por el Nivel Mínimo de financiación. Otra limitación es la incompatibilidad de dicha prestación con un servicio público; o sea que, si el cuidador necesita una ayuda externa como, por ejemplo, la de un cuidador profesional que atienda a la persona dependiente algunas horas a la semana, dicho servicio deberá ser privado, con el consiguiente coste que ello conlleva para la persona dependiente. No obstante, algunas Comunidades Autónomas autorizan la compatibilidad de la prestación económica con el servicio de ayuda domiciliaria o centro de día.Un hecho incomprensible pero real es que la persona beneficiaria de dicha prestación puede pasar dos años antes que empiece a cobrarla. Es un principio que no se aplica al resto de prestaciones de la Ley. La razón es clara, se trata de desincentivar que la persona beneficiaria elija dicha prestación. Otras comparaciones corroboran la escasa valoración del cuidador familiar en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. A diferencia de España, tanto en Francia como en Alemania los cuidadores familiares disponen de un conjunto de ayudas adicionales a la “prestación económica” que alivian la carga de trabajo y emocional de los cuidadores. La tipología de dichas ayudas son prácticamente las mismas en los dos países. Para no ser reiterativos, se describe el caso de Francia. Estas son: Suplencias, la Administración paga el coste de un servicio externo para realizar la/s suplencia/s del cuidador familiar por el tiempo de baja, bien sea por vacaciones, enfermedad u otras causas, hasta un máximo de seis semanas al año y un máximo de 1.612 € año. En el caso de que la ayuda por suplencias no se haya utilizado en su totalidad, el resto se puede traspasar al servicio de respiro pudiendo aumentar las estancias hasta un importe de 3.224 euros por año.  Servicio de respiro consistente en una estancia temporal de la persona dependiente en un centro residencial, de hasta un máximo de 8 semanas por año y hasta el límite de 1.612 euros año. Formación profesional de los cuidadores, proporcionando los conocimientos necesarios para cuidar a la persona dependiente. Servicio de asesoramiento relacionado con la gestión de los cuidados. Ayudas para la adaptación de la vivienda y facilidades para la compra de ayudas técnicas. En Alemania se concede un subsidio de hasta 4.000 euros por persona para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona, con posibilidad de acumular dicho subsidio hasta 16.000 euros para viviendas compartidas.Conclusiones:La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia debería dejar de “demonizar” la prestación económica de cuidados en el entorno familiar valorando y recompensando el trabajo y la responsabilidad de los cuidados familiares, aumentando y compatibilizando la prestación económica con otros servicios públicos y con prestaciones adicionales para los cuidadores. Ello haría realidad el deseo de muchas personas de envejecer en casa cuidados por sus familiares, asegurando el bienestar tanto de las personas en situación de dependencia como de sus cuidadores. En definitiva, el cuidado en el domicilio es un dique de contención a la institucionalización no deseada.(*) Julia Montserrat Codorniu es Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y Censor Jurado de Cuentas inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Ha alternado la actividad auditora con la docencia y la investigación. Ha sido profesora en la Facultad de Económicas de Barcelona y en la Universidad Ramón Llull. Colabora en ESPN, empresa internacional de consultoría especializada en informes en el ámbito de la protección social.Sus líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo y evaluación de las políticas de protección social, con especial dedicación en los temas de: políticas de cuidados de larga duración, pensiones y desigualdad. Ha realizado y participado en diversos trabajos de investigación y publicado numerosos artículos en revistas técnicas, siendo además coautora de diversos libros. Ha sido miembro del equipo redactor del Libro Blanco de la Dependencia. Asimismo, ha participado en diversos órganos consultores: Consejo Asesor de la Ley de Servicios Sociales en Cataluña, Mesa del Tercer Sector, Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat y vocal de la Sección de Servicios Sociales del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad. (**) Exención de responsabilidad por opiniones de terceros. Las opiniones y pareceres firmados por personas independientes dentro de este site se realizan a título personal, sin que BBVA ni cualquiera de las empresas del Grupo tengan que compartir necesariamente la totalidad o parte de las mismas.

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