Cualquier medida que mejore las pensiones y a la vez su sostenibilidad debe incidir en un aumento más que proporcional del esfuerzo contributivo sin que este se vea distorsionado por un exceso de solidaridad

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Contexto del proyecto de reforma de las Pensiones Viene marcado por tres fuerzas relevantes en este momento:(i)   La situación del sistema después de más de un año de pandemia, que ha acentuado el riesgo económico, junto al ya existente riesgo demográfico, en nuestras pensiones.(ii)  Las demandas de la Unión Europea para afrontar reformas estructurales a las que se        condicionarán los nuevos fondos de ayudas.(iii) Las posiciones de los partidos, agentes sociales y plataformas de pensionistas.El Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su última comparecencia ante el Pacto de Toledo, vino a decir que el sistema español de pensiones públicas es sostenible sin necesidad de efectuar recortes porque, según la Comisión Europea, la reciente estimación del aumento del gasto en pensiones sobre el PIB en el futuro es menos desfavorable que la realizada en el pasado.En cambio, desde el punto de vista del Foro de Expertos de Instituto BBVA la situación de las Pensiones ha empeorado. La  AIReF incrementó sus previsiones de gasto en pensiones en 1 punto porcentual del PIB para 2050 en sus últimas previsiones de 2020 respecto a las de 2019: de 13,2% a 14,2% del PIB.La propuesta ministerial parte de que es posible seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones y una tasa de sustitución media como la actual (en torno al 70%), revocando de forma definitiva la reforma de las pensiones de 2013.Según el ministro, la Unión Europa habría entendido que mantenía una visión equivocada sobre las perspectivas financieras de la Seguridad Social, y que las proyecciones del gasto en pensiones manejadas adolecían de un sesgo pesimista. ¿Medidas para la Sostenibilidad? El ministro basa la garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones en una serie de cambios que viene promoviendo en los últimos meses: Definir como “impropios” algunos gastos del sistema de pensiones y trasladar progresivamente el déficit del mismo, causado por estas partidas, a los Presupuestos Generales del Estado, y desviando progresivamente cotizaciones del sistema de desempleo al de pensiones. Prevé que de este modo las cuentas de la Seguridad Social se equilibren alrededor de 2023. Aumentar la actividad laboral de los mayores, reforzando las penalizaciones a la jubilación anticipada y con nuevos incentivos a la jubilación demorada, así como la eliminación de las cláusulas en convenios de jubilación forzosa, para que un porcentaje relevante de trabajadores permanezca en el mercado de trabajo más allá de la edad de jubilación legal, lo que redundaría en un aumento de los recursos del sistema y en un acortamiento del periodo de jubilación.  un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, obligándoles a cotizar por bases más ajustadas a sus ingresos (netos) reales. Según Escrivá, estas propuestas equilibran los objetivos de contributividad y solidaridad, garantizando pensiones suficientes, sostenibles y equitativas. En cambio, el déficit de la Seguridad Social en 2020 supera los 35.000 millones de euros. Las previsiones indican que el empleo no se recuperará de la crisis de la pandemia al menos hasta 2023, mientras que el número de pensiones seguirá creciendo a buen ritmo como en los últimos años (salvo 2020), así como el valor de las nuevas pensiones. Cuando las nuevas penalizaciones a la anticipación de la jubilación y los incentivos a su demora surtan efecto los baby-boomers ya estarán entrando al sistema de jubilación masivamente y neutralizando estos efectos.Las nuevas medidas propuestas suscitan dudas en su efectividad sobre la sostenibilidad. Habrá que ver los números finos de las mismas.En relación a las penalizaciones a la jubilación anticipada y bonificaciones a la jubilación retardada, las propuestas de reforma se ciñen a la relación con amplios periodos de cotización por parte de los trabajadores, mientras que diferentes análisis técnicos han puesto de manifiesto que el desequilibrio actuarial esta muy relacionado con escenarios en los que el número medio de años de cotización es sensiblemente menor. La propuesta de premiar el retraso de la jubilación con un cheque, de hasta más de 12.000 euros por año, en la que el trabajador podría optar por este pago único frente al aumento vitalicio de hasta un 4% de la pensión mensual (también por cada año de demora), es una propuesta sagaz, ya que permite visualizar a los trabajadores de forma más fácil los beneficios a largo plazo del 4% de mejora vitalicia en la pensión. Mientras el valor de ese incentivo para los trabajadores serían esos 12.000 euros del cheque o unos 33.000 del 4% de por vida, el ahorro por la pensión del año que no se jubila es de casi 38.000 euros (tras la edad legal tampoco pagarían cotizaciones por contingencias comunes). El nuevo incentivo resulta muy desequilibrado para los trabajadores que decidieran beneficiarse del mismo.Respecto al impacto de las propuestas de actualización de las pensiones con el IPC, la masa total de pensiones puede situarse en 150.000 millones de euros al año. La actualización en 1 punto porcentual de esta masa costaría 1.500 millones de euros. Esta actualización se consolidaría para cada cohorte de pensionistas de cada año hasta que causaran baja en el sistema, lo que representa unos 15.000 millones de euros cada año en valor actual.La adopción de un mecanismo de compensación de las actualizaciones en años de inflación negativa contra la actualización de los años inflacionarios posteriores representaba una propuesta de automatismo simétrico muy razonable. No obstante, el ministro ha tenido que renunciar ante el rechazo de los agentes sociales. ¿Consensos? El proceso para la reforma de las pensiones está dejando de lado la opinión de los expertos, que los últimos años han tenido un consenso amplio sobre la situación del sistema y sus perspectivas, que coincide con los supuestos sobre los que las autoridades europeas han basado su preocupación sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.Cuesta creer que las autoridades europeas no autorizarán los nuevos fondos de recuperación hasta que se apruebe una reforma de las pensiones de la que razonablemente quepa esperar que ralentice el fuerte crecimiento esperado del gasto de la Seguridad Social en las siguientes décadas.A nivel de consensos domésticos, la situación no resulta alentadora: A nivel político, las recomendaciones del Pacto de Toledo eluden cuestiones fundamentales, entre ellas la presión demográfica que van a ejercer los baby boomers sobre el sistema entre 2025 y 2050, y el aumento de su esperanza de vida. A menudo están redactadas tan ambiguamente que no pueden evitar el surgimiento de conflictos políticos cuando posteriormente el Gobierno se apresta a plasmarlas en propuestas concretas. El diálogo social parece avanzar solo a duras penas. Las plataformas de pensionistas siguen manifestándose contra la política de pensiones y a favor de unas “pensiones dignas”, y muchos jóvenes, como revelan las encuestas, siguen pensando que no cobrarán pensiones. ¿De verdad es este un escenario que no debería preocuparnos? Acceso al Informe completo Descargar

La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido una rápida expansión a nivel mundial con un impacto especial en diferentes países. El efecto ha sido objeto de monitorización por diferentes instituciones, como universidades, hospitales y organismos oficiales a nivel internacional (figura 1). De hecho, la pandemia ha supuesto que gobiernos y gestores de todo el mundo se hayan visto forzados a actuar y a tomar decisiones basadas en modelos matemáticos-estadísticos alternativos (desarrollados en numerosas ocasiones de forma previa para otras enfermedades), y/o teniendo en cuenta la experiencia de otros países en los que las olas de contagio han sido detectadas de forma más temprana y la actuación frente al virus ha sido por tanto anterior. La situación es de tal relevancia que el mapa de riesgos que se ha activado es difícil de sintetizar de forma sencilla, con diferentes variantes que abren extensas líneas de trabajo en el corto, medio y largo plazo. Y es que el tratamiento de lo que está ocurriendo tiene una vertiente más corto-medio placista, en el sentido de actuar respecto a lo que ya se ha producido o producirá de forma más o menos inmediata, y una vertiente claramente preventiva, de establecimiento de márgenes de protección, más a largo plazo, en el sentido de incluir dentro de las estrategias de actuación un riesgo al que no se había otorgado la suficiente relevancia hasta la fecha, como es el riesgo catastrófico de pandemia.

La esperanza de vida se ha convertido probablemente en el indicador biométrico por excelencia a la hora de calcular la edad legal de jubilación en las reformas de pensiones que se están realizando en los distintos países. Sin embargo, la estimación del número esperado de años de vida a partir de la jubilación puede variar significativamente en función del método de cálculo utilizado. Si en trabajos anteriores analizábamos el impacto del gap entre esperanzas de vida calculadas por métodos periodo y cohorte en la equidad intergeneracional (Ayuso, Bravo y Holzmann, 2020) ahora el objetivo es cuantificar el impacto de esta medida en el cálculo de la edad legal de jubilación. Bajo el escenario de neutralidad actuarial, la investigación realizada pone de manifiesto como las reformas en la edad legal de jubilación actualmente en marcha pueden no ser suficientes para corregir las desviaciones esperadas en el número medio de años de vida tras la jubilación.

Desde su aprobación en 1995, el Pacto de Toledo ha constituido la referencia fundamental de la política de pensiones en España. Aunque existe un amplio consenso sobre el limitado alcance de las reformas aprobadas con el respaldo del Pacto, los partidos políticos y los agentes sociales siguen considerándolo públicamente el único instrumento institucional válido para introducir cualquier tipo de cambio que afecte a las pensiones. Este documento plantea siete grandes preguntas en torno a la historia y el rendimiento del Pacto de Toledo, enfocando asimismo la atención en su capacidad de alumbrar la reforma de las pensiones que necesita nuestro país para generar confianza entre los actuales y los futuros pensionistas, así como también entre nuestros socios europeos y la comunidad internacional. Esa capacidad depende, en buena medida, de que el Pacto redefina su modus operandi y asuma tareas hasta ahora descuidadas, como la de trasladar a los ciudadanos información accesible y sólida sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, su evolución en los próximos años y las implicaciones en términos de equidad, suficiencia y sostenibilidad financiera que tendrían las distintas opciones de reforma.