La trabajdora, que padece desde la infancia sordera bilateral adquirida con déficit auditivo total, había cotizado 36 años y presentó la solicitud de jubilación anticipada basándose en su porcentaje de discapacidad.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a otorgar una pensión de jubilación de 2.070 euros mensuales a una mujer de 56 años que padece desde la infancia sordera bilateral adquirida con déficit auditivo total y que ha cotizado 36 años. Así, la Justicia desestima el recurso interpuesto por el INSS contra una sentencia en la que se reconoció el derecho de la demandante a percibir una pensión de jubilación anticipada por discapacidad en un grado superior al 65%, con efectos desde el 10 de diciembre de 2020.