Las consecuencias para España de una población envejecida
La composición de la población española está sufriendo un fuerte envejecimiento, y esto tiene importantes implicaciones en el sistema de pensiones
Las personas viven cada vez más años y esto es, sin duda, una gran noticia dado además que los avances en el ámbito de la medicina permiten que la calidad de vida de esos años adicionales sea cada vez mejor. En este importante logro España ocupa una posición privilegiada, ya que es uno de los países con la esperanza de vida más alta: actualmente los hombres viven en media 80,9 años y las mujeres algo más de 86,2 años (INE, a cierre de 2019). Esta brecha se va cerrando paulatinamente y las previsiones es que a mediados de siglo la esperanza de vida de las mujeres ronde los 91 años y la de los hombres los 88. Es decir, hacia el año 2050 los españoles vivirán en media 90 años. Para ponerlo en perspectiva, basta recordar que a mediados del siglo pasado la esperanza de vida no alcanzaba los 70 años y que a principios del siglo XX era ligeramente superior a los 38 años.
Esta impresionante evolución de la esperanza de vida es Uno de los principales retos para los gobiernos en términos de Previsión Social: ¿cómo garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de los ingresos de trabajadores que van a sobrevivir casi 25 años desde el momento en que se retiren del mercado laboral y dejen de ser contribuidores para comenzar a ser beneficiarios?
El sistema público de pensiones en España, al igual que el de otros países de su entorno, está basado en el principio de reparto. Esto quiere decir que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento, incluidas las pensiones de aquellos que dejaron de trabajar. Bajo este principio es esencial mantener un equilibrio entre:
- Cotizantes que aportan al sistema, es decir, los trabajadores a través de sus cotizaciones.
- Beneficiarios que reciben del sistema, es decir, los pensionistas, fundamentalmente de jubilación.
Sin embargo, España se enfrenta actualmente a dos retos importantes en lo que a su composición demográfica se refiere:
- Los jubilados viven cada vez más años y son, por tanto, beneficiarios de prestaciones durante más tiempo.
- El número de cotizantes necesarios se ve comprometido por la tendencia decreciente en la tasa de natalidad. Los españoles tienen cada vez menos hijos, es decir, menos futuros cotizantes para el pago de sus propias pensiones. El índice de fecundidad actual es de 1,31 hijos por mujer (INE, 2019). En 1976 era de 2,80 hijos por mujer.
Cómo actuar para combatir este problema de las pensiones
En términos demográficos, parece evidente que serán necesarios más contribuyentes en un sistema de la Seguridad Social que actualmente es deficitario, es decir, aborda unos gastos superiores a los ingresos que obtiene vía cotizaciones. Políticas orientadas al fomento de la natalidad por un lado y políticas destinadas a atraer mano de obra extranjera contribuirían a aliviar la situación por el lado de los ingresos.
En otro ámbito, parece que la buena salud de las pensiones a medio y largo plazo pasa por abordar una ineludible reforma del sistema, que lo adapte a la nueva realidad económica y demográfica. Como apunta Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico en BBVA Research, “lo ideal sería converger cuanto antes a un sistema de reparto que funcionase con la transparencia e incentivos de las cuentas nocionales (o individuales), como en Suecia y otros países europeos, y que la pensión inicial (por encima de la pensión mínima) se calculase en función de las contribuciones efectuadas a lo largo de la toda la carrera laboral”.
