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Estoy trabajando   13 Oct 2020

Las propuestas de Escrivá en el pacto de Toledo: retraso en la edad efectiva de jubilación

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

Recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha comparecido ante la Comisión del Pacto de Toledo, formulando una serie de propuestas de reforma para “garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones español” y al mismo tiempo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones (suficiencia). Divulgamos una serie de artículos analizando sus propuestas y realizando propuestas complementarias.

Entre las áreas de actuación propuestas por el ministro se encuentran:

  • La separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, sacando del sistema los llamados “gastos impropios” (entre otros, pensiones no contributivas, complemento por maternidad, prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, las políticas activas de empleo -reducciones de cotización y tarifas planas para autonomos-, y los costes de funcionamiento de la Seguridad Social) y traspasándolos a los Presupuestos Generales de Estado.
  • Mantener el poder adquisitivo de las pensiones, vinculando su revalorización al IPC
  • Alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal
  • Desarrollo de sistemas de previsión social complementarios (Segundo Pilar-planes de empresa) a la pensión pública

Estas propuestas confirman y refuerzas las propuestas que ya hizo en su comparecencia de primeros de marzo con ocasión del reinicio de las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Comenzamos en este post con las medidas sobre el retraso efectivo de la edad de jubilación.

¿En qué consisten las propuestas del ministro en materia de edad de Jubilación?

Consiste en alinear la edad real de jubilación (a la que efectivamente se jubilan de media los españoles) con la edad legal de jubilación ordinaria (*).

(*) 65 años y 10 meses en 2020 para quienes hayan cotizado menos de 37 años, y 67 años a partir de 2027 para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses.

Según datos del Ministerio, la edad efectiva de jubilación está en 64,6 años, lo que supone más de un año menos que la edad ordinaria (65,8).

En este sentido, ahondando en el problema la situación es aún menos optimista. Para una evaluación adecuada, se debería tener en cuenta no únicamente la edad efectiva de jubilación, sino la edad efectiva de salida del mercado laboral, que es aún menor (en 2015 se situaba en 62,2 años según datos de la OCDE ).

La salida anticipada del mercado laboral supone un coste para el sistema en prestaciones (en muchos casos por prestaciones de desempleo y en otros por pensiones) y en cotizaciones, por una ausencia de cotizaciones por parte del empleador, que son pagadas por el SEPE, salvo excepciones como la “llamada cláusula Telefónica”. (**)

 (**) Clausula Telefónica, ley 27/2011 y RD 1484/2012, por la que se establece una asignación económica a abonar al Estado para empresas de más de 100 trabajadores, por despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años, que hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios anteriores.

Según la AIReF-Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, el ahorro que se obtendría se estima en hasta 1,2 puntos porcentuales del PIB. Por lo tanto, consiguiendo ese objetivo de igualar edad efectiva y edad legal de jubilación ordinaria, se conseguiría eliminar casi completamente el déficit actual del sistema de pensiones, que en 2019 fue del 1,3% PIB y que para 2023 está previsto en el 1,4% del PIB (20.185 millones de euros). Coyunturalmente, debido a la crisis de COVID19, se estima que el déficit de la Seguridad Social terminará el año en el 2% del PIB.

Las medidas propuestas por el ministro Escrivá para conseguir el objetivo retrasar la edad efectiva de jubilación son las siguientes:

  • Demora en la edad legal de jubilación:
    • Incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos actualmente existentes para retrasar la edad de jubilación, ya que se consideran insuficientes comparados con los de otros paises. Actualmente por cada año de completo de demora y cotizado entre la edad legal y la fecha del hecho causante de la jubilación se reconoce un 2% adicional de pensión, en el caso de personas que hayan cotizado menos de 25, un 2,75% si se acreditan entre 25 y 37 años cotizados, y un  4 % en caso de tener más de 37 años cotizados.
    • Asimismo, mejorar la comunicación de esos beneficios por retraso en la jubilación, ya que hoy en día son desconocidos para la mayoría de la ciudadanía y han tenido muy poca aplicación práctica.
    Se argumenta que la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes: genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones
  • Reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales, como por ejemplo la jubilación activa.
  • Corregir los elementos distorsionantes de la regulación de las jubilaciones anticipadas
    Según adelantó el ministro el Gobierno está preparando una propuesta para penalizar más las jubilaciones anticipadas voluntarias a partir de cierto nivel de rentas.
    Las jubilaciones anticipadas se están utilizando actualmente como como “mecanismo sustitutivo de la protección por desempleo,” para dar cobertura a trabajadores que son sacados del mercado laboral con carácter anticipado y agotan sus prestaciones de desempleo.
    Se está produciendo un cambio en la composición de las jubilaciones anticipadas:  la caída del número de las jubilaciones involuntarias es más que compensada por el crecimiento de las jubilaciones voluntarias (que han supuesto un 16% del total de jubilaciones en 2019).
    El ministro argumenta que se trata de un sistema de regresivo que favorece mucho más a los trabajadores con rentas altas. Al estar topada la pensión máxima (37.566 euros en 2020) y ser la esta sensiblemente inferior a la base máxima de cotización (48.841 euros en 2020), produce que aquellos trabajadores con bases máximas de cotización a la SS sufren de hecho reducciones anuales de únicamente un 2% por cada año que adelanten la jubilación, frente al 8% de reducción que sufren trabajadores con salarios medios ( en caso de que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses).

Todas estas medidas van en linera de la recomendación 12 del borrador de las propuestas de pacto de Toledo: “la prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo”.

¿Son adecuadas estas medidas, en materia de edad de jubilación, para afrontar el incremento de la esperanza de vida y hacer sostenible el sistema?

Analizamos esta cuestión en este otro post de MI Jubilación.

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¿Son adecuadas las medidas propuestas por el Gobierno, en materia de edad de jubilación, para afrontar el incremento de la esperanza de vida y hacer sostenible el sistema público de pensiones en España?

Puede encontrar detalladas estas medidas propuestas en este otro post de MI Jubilación .Estas medidas son adecuadas, pero no suficientes Son tan solo un primer paso, que necesitará nuevas medidas.Son medidas que aspiran a tener impacto sobre decisiones tomadas voluntariamente por los trabajadores, confiando en que un incentivo o un desincentivo, y no una obligación formal, producirá un resultado. Pero con la realidad de nuestro mercado laboral, querer no significa poder…Ello pese a que las propuestas de ministerio recogen la “Evaluación de la realidad del mercado de trabajo para los trabajadores en edades próximas a la jubilación y el análisis de los datos existentes, tanto desde la oferta como la demanda trabajo, para entender la heterogeneidad en las decisiones de jubilación con los incentivos existentes”.Téngase en cuenta la situación estructural y continuada en el tiempo del mercado laboral en España con un alto índice de desempleo, precariedad laboral y temporalidad, rigidez, y la aplastante realidad de que muchos trabajadores seniors son “expulsados” del mercado laboral y no disponen de la formación y el reciclaje necesario para ser empleables (trabajadores no cualificados).Aunque quisieran, muchos trabajadores no podrán acogerse a la jubilación demorada o lo harán con muchas dificultades.Si puede dar mejores resultados, en el retaso de la edad efectiva de jubilación, desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias de trabajadores con rentas altas.¿Qué más es necesario hacer?Sugerimos dos grupos de medidas.1. Políticas activas de “empleo senior”: un compromiso de Estado con el trabajo de los mayores.Para que sea eficiente este paquete de medidas propuestas por el ministro, debería ir acompañada de una verdadera estrategia nacional con políticas públicas de activación de trabajo senior que incluyan, entre otras, las siguientes medidas de: Prohibición de discriminación por edad, incluyendo la edad como una parte importante de la normativa protectora sobre diversidad e inclusión en las empresas. Asimismo, que la edad sea parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, y de sus compromisos y políticas en diversidad e inclusión, más allá de las obligaciones legales establecidas. Estrategias de formación continuada, reciclaje profesional y adaptación de los mayores a las nuevas tecnologías y a los nuevos entornos laborales. Políticas de salud laboral específicas para los trabajadores seniors. Incentivos y bonificaciones atractivas para las empresas por el empleo de los seniors y su desarrollo profesional. Adecuación del trabajo, y de las condiciones en que se presta, a la edad (conciliación y flexibilización). Un cambio en la concepción en las empresas de cómo deben ser las carreras profesionales a lo largo del ciclo de vida de la relación laboral. Es un error pensar que el último trabajo previo a jubilación ha de ser el de más responsabilidad alcanzada en toda una carrera profesional. Una decisión sincera y coherente sobre las prejubilaciones, eliminando cualquier coste estatal vinculado a las mimas, y especialmente exigiendo un compromiso del empleador que prejubila sobre la empleabilidad y la continuidad en el mercado de trabajo del prejubilado, ya sea como trabajador por cuenta ajena en otra empresa o como proveedor de servicios a su ex empleador o a otras empresas.2. Retrasar la edad ordinaria o/y ajustar el importe de la pensión a esperanza de vida de cada generaciónSe estima que la esperanza de vida en España de los que llegan con vida a los 65 años crezca de 23 años (en 2018) a 25,45 años en 2048.La esperanza de vida total en 2019 (83,59 años) creció en casi medio año respecto a 2018 (83,1 años) y pese a que, en 2020, y quizás 2021, bajará temporalmente por efecto de la pandemia COVI19 (la estimación de INE para 2020 es de 1 año menos) la tendencia es claramente al alza.El incremento de la esperanza de vida obligará a tomar, cuanto antes mejor, una de las siguientes medidas alternativa o complementariamente, para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones: Vincular la edad legal ordinaria de jubilación a la esperanza de vida, revisando esa edad, por ejemplo, cada 10 años, empezando la revisión por ejemplo en 2029 y comparándola con la esperanza de vida en 2019.  No supondría necesariamente un incremento de la edad de jubilación: si la esperanza de vida baja la edad de jubilación no quedaría igual, sino que se retrasaría. Ver retraso de la edad de Jubilación en otros países . Reactivar el Factor de Sostenibilidad o Factor de equidad intergeneracional-FEI, que está suspendido hasta 2023 . De acuerdo al mismo, una vez calculada la pensión a la que tendría derecho una persona según los parámetros aplicados (años cotizados, bases cotización, edad de jubilación...), se le aplica un porcentaje corrector en función del incremento de la esperanza de vida en el momento de jubilación de su generación sobre la generación anterior. El Factor de sostenibilidad ajusta las pensiones a la variación esperanza de vida con el objetivo de “que el importe total que reciba a lo largo de su vida un pensionista que accede al sistema de Pensiones dentro de un cierto número de años y que previsiblemente tendrá más esperanza de vida, sea equivalente al importe que perciba el que se jubila en un momento anterior” (en caso de que viviese que la esperanza de vida prevista para su generación).  Asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajusta la equidad entre generaciones.Ambas medidas, retraso de edad de jubilación y FEI, buscan el mismo objetivo:  la equidad entre generaciones. Ello debería significar que, a igualdad de contribuciones, todas las generaciones perciban iguales prestaciones durante su retiro.Al mismo tiempo se debe mantener la contributividad, es decir la proporcionalidad entre lo que una persona cotiza durante su vida activa y lo que cobra durante su jubilación. Un informe reciente de Banco de España estima que cada pensionista actual percibe de media 1,74 euros por cada 1 euro que ha cotizado, por lo que se está muy lejos de esa proporcionalidad.Como hemo comentado, ambas medidas podrían aplicarse alternativamente, es decir poniendo en práctica solo una de ellas, o complementariamente, repartiendo entre ambas el peso para conseguir equilibrar los desajustes que en el sistema público de pensiones produzca el incremento de esperanza de vida. ¿Es más efectivo aplicar el Factor de sostenibilidad o retrasar la edad de jubilación?A nivel teórico, el efecto positivo en la sostenibilidad del sistema de pensiones es mayor aplicando la medida de retrasar la edad de jubilación vinculándola al incremento de la esperanza de vida, ya que se consigue un triple efecto: Pagar pensión al beneficiario durante menos años (reducción de costes), al estar más años activo. Al mismo tiempo se incrementan los ingresos del sistema porque el trabajador y su empleador continúan cotizando. Finalmente, se pueden aplicar bonificaciones o reducciones de cotizaciones por lo que hace más atractivo a las empresas contratar trabajadores senior.En cambio, el Factor de Sostenibilidad, tal y como está concebido en España, supone exclusivamente un recorte de gastos, aplicando un ajuste al importe de las pensiones en función del incremento de la esperanza de vida. Pero no supone un incremento de ingresos, porque no actúa sobre la continuidad en el empleo y sobre un retiro más tardío. Otros paises aplican también Factores de sostenibilidad, aunque de forma diferente al español, véase en este vínculo esos casos. Como hemos comentado anteriormente, el retraso “obligatorio” en la edad legal de jubilación requeriría de políticas activas de empleo para hacer una realidad que en este país los mayores puedan trabajar. Y además está la Tasa de Dependencia…Otro factor demográfico muy relevante que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones es la tasa de dependencia o porcentaje de personas en edad de jubilación (mayores de 65) sobre población activa (entre 20 y 64 años).El boom demográfico de los años 60 y 70 y la caida de la natalidad en las siguientes décadas (actualmente la tasa de natalidad es de 1,2 hijos por mujer), van a producir importantes desequilibrios durante las próximas décadas en la proporción entre activos y jubilados.La tasa de dependencia en España se incrementará notablemente durante las próximas décadas, con la jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1975) a partir del 2023. Pasará de un 31% actualmente a un 78% en 2050 (fuente OCDE (*)). Este desequilibrio de número de miembros entre generaciones, desaparecerá hacía mitad de década de los 60 con la desaparición de esta generación del baby boom.(*) Según el INE la tasa de dependencia en 2020 será un 53%Los desequilibrios y ajustes que la tasa de dependencia pueda provocar sobre el sistema público de pensiones, se necesitaran complementar con sistemas de capitalización financiera, es decir, de ahorro y previsión social complementaria.Más información: Las propuestas de Escrivá en el pacto de Toledo: retraso en la edad efectiva de jubilación 

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Novedades para la jubilación anticipada en 2025

Además, suben los coeficientes de penalización para las personas con pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores generales, superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria en 2025. Estas son, por tanto, las principales novedades: Edad mínima de jubilación anticipada La edad mínima de jubilación anticipada voluntaria se retrasará en 2025 dos meses hasta los 64 años y 8 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. En cambio, la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada voluntaria será de 63 años en caso de contar con 38 años y 3 meses de cotización o más. Lo anterior es consecuencia del retraso en dos meses, en 2025, de la edad legal de jubilación ordinaria, ya que es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta 24 meses antes de la edad ordinaria de jubilación. Para quienes accedan a la jubilación en 2025 la edad legal de jubilación ordinaria será de 66 años y 8 meses en caso de contar con menos de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, aquellos que cuenten con esos 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse en 2025 con 65 años. Asimismo, Es posible acceder a jubilación anticipada involuntaria o forzosa hasta 48 meses (4 años) antes de la edad legal de jubilación ordinaria.  Por tanto, en 2025 será posible acceder a esta modalidad de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, a partir de los 62 años y 8 meses si se cuentan con menos de 38 años y 3 meses cotizados, o a partir de los 61 años si se acumulan esos 38 años y tres o más de cotizaciones. A estos efectos de cálculo de la edad para acceso a la jubilación anticipada, seguirán sin resultar de aplicación las bonificaciones de edad de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.  Nuevos coeficientes reductores en 2025 para personas con pensión superior a la máxima En el caso de la jubilación anticipada voluntaria para personas con pensiones teóricas que, después de aplicar los coeficientes reductores por anticipación, sean superiores a la pensión máxima, se está aplicando una transitoria desde el año 2024. De acuerdo a esta transitoria se eliminará gradualmente, a partir del 1 de enero de 2024 y durante un periodo de 10 años, la normativa anterior que aplicaba los coeficientes reductores sobre base reguladora. Hasta 1 de enero de 2024 (por lo tanto, en 2022 y 2023) permaneció vigente el sistema aplicado hasta 31 de diciembre de 2021 para esos beneficiarios con pensión superior a la máxima. Hasta 2021, una vez aplicados los coeficientes reductores trimestrales que se aplicaban, si la pensión teórica resultante de la aplicación de esos coeficientes era superior a la pensión máxima, se aplicaba una reducción del 0,5% trimestral sobre la pensión máxima (un total de un 4% en caso de adelanto de dos años-24 meses). A partir de 2024, los coeficientes reductores que se aplican durante este periodo transitorio, en función del año de acceso a la jubilación anticipada y de los meses de anticipación de la edad de jubilación, para aquellas personas con pensión teórica superior a la máxima, son los siguientes en el caso de que acrediten menos de 38 años y 6 meses cotizados: Por ejemplo, para aquellas personas con pensión teórica superior a la máxima que se jubilasen en 2025, habiendo anticipado 24 meses su jubilación (el máximo posible) y contando con menos de 38,5 años cotizados, el coeficiente reductor que se le aplicaría sobre la pensión teórica es el 7,40%. Para el caso de contar con más de 38 años y 6 meses cotizados, en este artículo vinculado informamos de los coeficientes aplicables para personas con pensión teórica superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria durante esta transitoria, en función del periodo cotizado, de los meses de adelanto de la jubilación y del año de acceso a la jubilación anticipada. No obstante, hay que apuntar que la normativa establece que esos coeficientes reductores sólo resultarán de aplicación en la medida en que la evolución de la pensión máxima absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para aquellos trabajadores con pensión teórica superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no resulte nunca inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021. Por tanto, quien se jubile anticipadamente en 2025 con una pensión teórica superior a la máxima no debería sufrir apenas merma respecto a haberlo hecho en 2023, teniendo en cuenta que: En primer lugar, la revalorización de la pensión máxima en 2024 respecto a 2023 ha sido de un 3,8%. En segundo lugar, con una estimación de revalorización de la pensión máxima en 2025 respecto a 2024 s de en torno a un 3,175% (producto de la suma de la estimación de variación media del IPC interanual entre diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025, más un 0,115% adicional que se aplicará cada año, a partir de 2025 y hasta 2050, a la revalorización de la pensión máxima). Que esa revalorización de la pensión máxima de 2024 más la estimada de 2025 sí absorbería el incremento de coeficiente en 2025 respecto al aplicado con las normas vigentes hasta 2021. Por ejemplo, un coeficiente de 7,40% en 2025 (aplicable en el caso de adelanto de la jubilación 24 meses y contar con menos de 38,5 años de cotización) supone un 3,40% más que el 4% total (0,5% trimestral) que se aplicaba hasta 2021 (y que el que se aplicó en 2022 y 2023), por lo que queda perfectamente absorbido por la revalorización de la pensión máxima. La única merma que sufriría sería el importe de la revalorización de la pensión máxima respecto a 2023 (último año que se aplicó el sistema antiguo) que haya tenido que aplicarse a absorber el incremento de coeficiente (por ejemplo, 3,40% en el caso tratado). En cambio, aquellas personas que accedan a la jubilación anticipada involuntaria, y una vez aplicados los coeficientes reductores que se aplican sobre el importe de pensión para el caso de jubilación anticipada involuntaria, les resultase un importe de pensión mayor que la pensión máxima, se les aplicará el mismo régimen que se aplicaba hasta 2021 (con anterioridad a la Reforma de las Pensiones). Por lo tanto, se les aplicaría el coeficiente reductor trimestral del 0,5% sobre la pensión máxima, por cada trimestre o fracción de trimestre de adelanto, con un máximo de un 8% de reducción. Más Información Claves de la Jubilación anticipada voluntaria en 2024 Jubilación anticipada involuntaria: quién puede acogerse a ella y qué penalizaciones se aplican en 2024

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La coordinación de seguridad social y de pensiones en los Estados miembros de la Unión Europa

Al igual que los ciudadanos de la Unión Europea que cumplan con los requisitos, los ciudadanos de Islandia, Liechtenstein y Noruega también están cubiertos por el Reglamento de coordinación de seguridad social en virtud del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), y los de Suiza están cubiertos en virtud del acuerdo entre la Unión y dicho país. Tras el Brexit, se siguen protegiendo los derechos de las personas cubiertas por el Acuerdo de Retirada celebrado entre la Unión Europea y el Reino Unido. En caso de personas no cubiertas por el Acuerdo de Retirada, la coordinación de la seguridad social se regula mediante el correspondiente Protocolo del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Principios fundamentales de la coordinación de Seguridad Social en la Unión Europea Cada Estado miembro es libre de diseñar su sistema de seguridad social de forma independiente. En general, la prestación de la cobertura de seguridad social corresponde al país en el que trabaje la persona o, en ausencia de empleo, al país de residencia. En los casos en que están involucrados dos o más países, el Reglamento de coordinación determina qué país ofrece dicha cobertura a un ciudadano de la Unión. El Reglamento de coordinación se basa en cuatro principios fundamentales: 1. Igualdad de trato Los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de otros Estados miembros tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos del país de acogida. El derecho a la igualdad de trato es aplicable a todo trabajador por cuenta ajena o propia procedente de otro Estado miembro que haya residido en el Estado de acogida durante un determinado período de tiempo. 2. Totalización de periodos Se garantiza que en el cálculo de las prestaciones se tengan en cuenta los períodos previos de seguro, empleo o residencia en otros países. Si la legislación nacional de un pais exige que un trabajador haya estado asegurado o empleado durante un período de tiempo determinado antes de tener derecho a determinadas prestaciones, según el principio de totalización el Estado miembro competente debe tener en cuenta los períodos de seguro y empleo en otros Estados miembros. 3. Aplicación de una única legislación Cada beneficiario está cubierto por la legislación de un solo país y paga sus cotizaciones únicamente en ese país. 4. Exportabilidad Las prestaciones de seguridad social pueden percibirse en todo el territorio de la Unión y se prohíbe que los Estados miembros reserven el pago a las personas que residan en ellos. No obstante, esto no se aplica a todas las prestaciones de la seguridad social, ya que se aplican normas especiales, por ejemplo, a las prestaciones por desempleo. Personas cubiertas El régimen de coordinación de regímenes de Seguridad Social en la actualidad es aplicable tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores por cuenta propia, así como a las familias de ambos tipos de trabajadores y a las personas que estén a su cargo, así como a los apátridas y a los refugiados. El ámbito de aplicación de la coordinación de seguridad social se ha ido ampliando progresivamente para equiparar a los funcionarios con el resto de la población en cuanto al régimen general de seguridad social; ampliándose también el ámbito de aplicación a todas las personas aseguradas, en particular a: los estudiantes y a las personas sin empleo remunerado; los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión, los miembros de sus familias y sus supervivientes si también se encuentran en la Unión; los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión y en situación transfronteriza, los miembros de sus familias y sus supervivientes si también se encuentran en la Unión. Los trabajadores transfronterizos, que trabajan por cuenta ajena o propia en un Estado miembro y residen en otro Estado miembro al que regresan a diario o al menos una vez por semana, entran también en el ámbito de aplicación. A los trabajadores desplazados, sin embargo, se les asigna un destino temporal, pero siguen cubiertos por el sistema de seguridad social de su Estado miembro de origen por un máximo de veinticuatro meses, pudiendo obtener en el Estado miembro de residencia únicamente prestaciones en especie por enfermedad. Prestaciones incluidas Las prestaciones de seguridad social incluidas en el régimen de coordinación son las siguientes: prestaciones por enfermedad; maternidad y de paternidad asimiladas;  invalidez; prestaciones de jubilación (vejez); prestaciones de muerte y supervivencia; prestaciones de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional; subsidios de defunción; prestaciones de desempleo; prestaciones de prejubilación; prestaciones familiares; algunas prestaciones especiales en metálico no contributivas Tarjeta sanitaria europea Esta tarjeta facilita el acceso a la asistencia sanitaria en caso de necesidades médicas imprevistas durante una estancia temporal en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE), por motivos tanto personales como profesionales. El acceso se concede en las mismas condiciones y al mismo coste que para las personas aseguradas en ese país. Los costes son reembolsados por el sistema de seguridad social del país de origen. Ver aquí: Cómo puedo solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. Derechos complementarios de pensión Junto con los las pensiones públicas, los sistemas de pensiones complementarias desempeñan a menudo un papel importante a la hora de garantizar un adecuado nivel de vida durante la jubilación. La Directiva 2014/50/UE aborda una serie de obstáculos para que los trabajadores móviles puedan llevarse sus derechos de pensión complementaria con ellos cuando se trasladen a otro Estado miembro. Digitalización de la coordinación de la seguridad social Existe un sistema de intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI), que conecta a las instituciones de seguridad social de treinta y dos países: los 27 Estados miembros de la UE, junto con Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido. En septiembre de 2023, la Comisión europea presentó una Comunicación sobre la digitalización de la coordinación de la seguridad social, exponiendo los distintos proyectos en el ámbito de la digitalización, entre ellos el proyecto de la tarjeta europea de seguridad social.  Este proyecto se centra en la digitalización del proceso de solicitud y recepción de documentos que acrediten la situación de seguridad social, y la comprobación en tiempo real de estos documentos. Esto permitirá a las instituciones de seguridad social, las inspecciones de trabajo, los proveedores de asistencia sanitaria y otras entidades pertinentes verificar estos documentos de forma inmediata en toda Europa. Normativa En 1958, se adoptaron dos Reglamentos relativos a la seguridad social de los trabajadores migrantes, posteriormente sustituidos por el Reglamento (CEE), 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. En 2004, el Reglamento (CE) n. º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social derogó el Reglamento 1408/71, aunque este último sigue teniendo efectos en determinados actos y acuerdos comunitarios en los que la Unión sigue siendo parte. En 2010 se llevó a cabo una importante reforma del sistema con la adopción del paquete de modernización de la coordinación (Reglamento (CE) n. y Reglamento de aplicación (CE) n.).

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