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Jubilación   4 Jun 2024

Perú aprueba la reforma su sistema de pensiones: principales medidas

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

El Congreso de la Republica peruana ha aprobado el proyecto de reforma del sistema de pensiones (Ley de modernización del sistema previsional peruano), con el objetivo principal de garantizar y robustecer la seguridad financiera de los peruanos durante su jubilación. Vemos cuales son las principales medidas que se introducirán.

El nuevo sistema de pensiones estará integrado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional-ONP (es decir, las pensiones públicas), y por el Sistema Privado de Pensiones (SPP), gestionado por empresas administradoras de fondos (AFP y nuevos operadores), y supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El sistema de pensiones tendrá cuatro pilares fundamentales:

  • Pilar 1, No Contributivo: dirigido a aquellas personas que no han podido cotizar durante su vida laboral.
  • Pilar 2, Semi Contributivo: para aquellas personas que han contribuido parcialmente y necesitan un complemento para alcanzar una pensión digna.
  • Pilar 3, Contributivo: basado en las cotizaciones realizadas por los trabajadores a lo largo de su carrera laboral.
  • Pilar 4 Voluntario: permite a los trabajadores realizar contribuciones adicionales de manera opcional para incrementar su pensión futura.

Principales novedades

Se han regulado estos cambios principales:

Cuentas nocionales

Una de las principales novedades de la reforma del sistema de pensiones peruano será la inclusión de un mecanismo de cuentas nocionales en el sistema público de reparto, que permitirá que cada jubilado futuro reciba una pensión de acuerdo con las contribuciones realizadas durante su vida laboral. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) será la encargada de definir la de transición hacia este nuevo sistema, considerando variables como la edad, las cotizaciones y otros factores relevantes. Con este modelo de reparto (de aportación definida) de cuentas nocionales se busca garantizar que las prestaciones obtenidas por los jubilados sean proporcionales a sus cotizaciones, fomentando una mayor justicia social y reduciendo las desigualdades existentes en el sistema actual.

Se elimina la posibilidad de cobrar “el retiro” como capital único

Para los menores de 40 años, se elimina la posibilidad de retirar el 95,5% de los ahorros acumulados a los 65 años como capital único, renunciando a cobrar una pensión (renta periódica). Por tanto, esa posibilidad se mantendrá solo para los mayores de 40 años.

Extensión y mejora de pensión 65

Se ampliará y mejorará el programa “pensión 65”, programa asistencial que se ofrecía solo a los mayores de 65 años en situación de pobreza extrema (una asignación de 125 soles mensuales (*)). La norma propone, de una manera gradual, extender la asignación asistencial pensión 65 a un mayor número de personas mayores en situación de pobreza (no solo pobreza extrema) (*) a 4 de junio de 2024, 1 Sol peruano =0,25 euros.

Pensión mínima para todos los sistemas de pensiones

Se propone establecer una pensión mínima de 600 soles, tanto para los afiliados al sistema público (ONP) como los del privado (AFP). Introducción de un sistema de Pensiones por Consumo Otra novedad de esta reciente reforma es la introducción de la pensión por consumo, que permite que los ciudadanos puedan incrementar sus pensiones a través de sus hábitos de consumo. Los detalles específicos de la implementación de las pensiones por consumo están en desarrollo. Esta iniciativa¸ que podría incentivar el ahorro de los peruanos durante su vida activa, es pionera en el mundo, aún cuando es España se introdujo en 2023, con la reforma del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones llevada a cabo a través del RD 668/2023 el reconocimiento expreso a las fórmulas de ahorro en planes de pensiones a través del consumo.
El Tesoro Público peruano transferiría, a cuentas de pensiones individuales de cada trabajador gestionadas por AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), una cantidad igual al 1% del importe de consumo llevado a cabo por cada trabajador
Las aportaciones a pensiones por consumo se financiarán, por tanto, con dinero del Tesoro Público. No obstante, el gasto en la canasta básica de alimentos no esta incluida en este programa de pensiones por consumo, además de que muchas personas sin recursos compran en establecimientos informales (no oficiales), por lo que muchas personas de bajos ingresos no van a tener acceso, en la práctica, a este sistema de pensiones por consumo.

Prohibición de los rescates anticipados de los planes de pensiones privados

La reforma también va a eliminar la posibilidad de solicitar rescates anticipados a las AFP (Administradoras de planes de pensiones) del ahorro que se dispone en planes de pensiones de privados, posibilidad que se había regulado con ocasión del Covid19.

Otros tipos de entidades ara administrar Fondos de Pensiones

El proyecto de Ley incorpora también otros tipos de entidades (además de las AFP) como administradores potenciales de pensiones, entre ellos, bancos, cajas municipales, cajas rurales, empresas de seguros y bancos de inversión, con el objetivo de reducir las comisiones
Si bien la votación final del Proyecto de Ley aún está pendiente de llevarse a cabo, la primera aprobación es una señal positiva de que el poder legislativo está comprometidos con la creación de un sistema más justo y eficiente.

Los “retos” del sistema de pensiones peruano

El sistema de pensiones de Perú enfrenta desafíos muy importantes, como una baja tasa de cobertura y la coexistencia de dos sistemas diferentes: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). La informalidad laboral (es decir, un alto porcentaje de trabajadores en la economía sumergida, que no están de alta) y la precariedad laboral generan una brecha significativa para la efectividad del sistema:
  • un 53,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) tienen trabajos informales, según datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
  • Solo el 30% de los ciudadanos que están contribuyendo efectivamente para su futura pensión.
  • el 57% de los mayores de 65 años no cobra pensión.

Más Información:

Más allá del ahorro: las claves de la reforma de pensiones en Perú ¿Cómo es el sistema de pensiones peruano? (artículo del año 2019)

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¿A qué pensión de jubilación tienen derecho las amas de casa?

Las amas de casa han jugado y juegan un papel trascendental para el desenvolvimiento y bienestar de nuestra sociedad y de la que ha venido siendo su columna vertebral, la familia. Durante milenios, las responsabilidades del hogar se habían venido repartiendo, siendo hombres los que iban a buscar el sustento (inicialmente a cazar, pescar, sembrar y recolectar el alimento -aunque en muchos lugares eran las mujeres las que recolectaban-, y, con el trascurso de los siglos, a obtener un salario por la prestación de un trabajo o unos ingresos en una actividad profesional con los que afrontar las necesidades económicas de la familia), y eran las mujeres que se quedaban en casa cuidando de la prole y haciendo las labores del hogar. En las últimas cuatro décadas se ha producido en España, y en una gran parte de los paises de occidente, una masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, que progresivamente está alcanzando todos los niveles y estadios profesionales, incluidos los puestos de alta cualificación y las posiciones directivas. Ello ha producido, entre otras consecuencias, un reparto, más o menos equitativo, de las responsabilidades domesticas del hogar y del cuidado de hijos entre ambos cónyuges progenitores. En los casos de aquellas parejas que disponen de posiciones económicas holgadas, se recurre a contratar la ayuda de terceras personas, de personal de servicio. Pero en muchos otros, cuando no se cuentan con esos recursos económicos, se hace necesario recurrir a los abuelos (si se tienen y viven cerca) y a que ambos miembros de la familia sean muy estrictos en distribuir su tiempo entre el tiempo de trabajo y el de familia. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), a inicios de 2023 había en España 2.892.200 amas de casa (mujeres), habiéndose reduciendo en casi 2 millones respecto al año 2002 (20 años antes), lo que supone un 40% menos. En cambio, en 2023 había 445.000 amos de casa (varones) que se ocupan en exclusiva a las tareas de la casa y el cuidado de los hijos, frente a los 89.000 amos de casa que había en 2002. No obstante, quedan aún muchas am@s de casa, principalmente mujeres, que toda o casi toda su vida han trabajado en el hogar y no han cotizado a la Seguridad Social. Muchas de ellas tienen ya una cierta edad y han alcanzado o superado los 65 años (no podemos decir que se ha retirado, porque una ama de casa nunca se retira) o bien se acercan a esa edad. ¿A qué pensión tienen derecho esas personas, mayoritariamente mujeres, que han trabajado casi toda su vida cuidando del hogar familiar? Si un ama de casa ha trabajado, además de en casa, en algún otro empleo remunerado y ha cotizado al menos el periodo mínimo requerido, que es como mínimo de 15 años cotizados (*), tendrá derecho a una pensión contributiva, que se calculará en función del importe sus bases de cotización de los 25 años previos a la jubilación y del número años cotizados. (*)2 de esos 15 años de cotización requeridos deberán estar situados en los últimos 15 años previos al acceso a jubilación o a la fecha en que ceso la obligación de cotizar), Véase aquí los requisitos exigidos (edad y periodo cotizados) para el acceso a la pensión contributiva de jubilación y como se calcula la misma En cambio, si un ama de casa no acumula esos 15 años mínimos de cotización requeridos, como les ocurre a una gran mayoría de amas de casa, no generaran derecho a pensión contributiva, pero en su lugar podrán solicitar una pensión no contributiva, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Estos requisitos incluyen tener 65 años o más, además de residir en territorio español y haber residido durante un período de al menos 10 años entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales 2 años han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la pensión no contributiva. Además, se exigen unos requisitos de carencia de ingresos. Existe carencia de ingresos cuando los ingresos personales de la persona, para 2024, sean inferiores a 7.250,60 euros anuales. No obstante, si las rentas personales son inferiores a 7.250,60 euros anuales y se convive con familiares, únicamente se cumplirá el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a unos importes determinados. Es importante chequear este requisito de carencia de ingresos, ya que si, por ejemplo, el cónyuge tuviera unos ingresos razonables, ese hecho dejaría sin derecho a pensión contributiva a ese ama de casa.  Por ejemplo, en caso de convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado: Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos: El importe íntegro de la pensión no contributiva de jubilación en 2024 es de 517,90 euros mensuales en 14 pagas. Es decir, 7.250,60 euros anuales. La cuantía individual para cada pensionista se determina a partir de ese importe íntegro de 7.250,60 euros anuales y se establece en función del número de beneficiarios de pensión no contributiva integrados en la misma unidad económica de convivencia, de los ingresos personales y/o los de las personas que integran la unidad económica, no pudiendo ser esa cuantía individual inferior a la mínima del 25% de la cuantía integra (en 2024, ese mínimo asciende a 1.812,65 euros anuales -129,48 euros mensuales-). Además, los beneficiarios de pensión no contributiva acceden a la asistencia sanitaria y a asistencia social gratuita. ¿Dónde y cómo puede un ama de casa solicitar la pensión no contributiva de jubilación? El reconocimiento del derecho a percibir una pensión no contributiva se realiza por las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La solicitud de pensión no contributiva podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo. Las direcciones y teléfonos de información de las Comunidades Autónomas y Direcciones Territoriales del Imserso se informan en este apartado de la página web del Imserso. Más Información: Más Información sobre las pensiones no contributivas de jubilación aquí Las amas de casa y su jubilación

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Novedades para la jubilación anticipada en 2025

Además, suben los coeficientes de penalización para las personas con pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores generales, superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria en 2025. Estas son, por tanto, las principales novedades: Edad mínima de jubilación anticipada La edad mínima de jubilación anticipada voluntaria se retrasará en 2025 dos meses hasta los 64 años y 8 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. En cambio, la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada voluntaria será de 63 años en caso de contar con 38 años y 3 meses de cotización o más. Lo anterior es consecuencia del retraso en dos meses, en 2025, de la edad legal de jubilación ordinaria, ya que es posible acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta 24 meses antes de la edad ordinaria de jubilación. Para quienes accedan a la jubilación en 2025 la edad legal de jubilación ordinaria será de 66 años y 8 meses en caso de contar con menos de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, aquellos que cuenten con esos 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse en 2025 con 65 años. Asimismo, Es posible acceder a jubilación anticipada involuntaria o forzosa hasta 48 meses (4 años) antes de la edad legal de jubilación ordinaria.  Por tanto, en 2025 será posible acceder a esta modalidad de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, a partir de los 62 años y 8 meses si se cuentan con menos de 38 años y 3 meses cotizados, o a partir de los 61 años si se acumulan esos 38 años y tres o más de cotizaciones. A estos efectos de cálculo de la edad para acceso a la jubilación anticipada, seguirán sin resultar de aplicación las bonificaciones de edad de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.  Nuevos coeficientes reductores en 2025 para personas con pensión superior a la máxima En el caso de la jubilación anticipada voluntaria para personas con pensiones teóricas que, después de aplicar los coeficientes reductores por anticipación, sean superiores a la pensión máxima, se está aplicando una transitoria desde el año 2024. De acuerdo a esta transitoria se eliminará gradualmente, a partir del 1 de enero de 2024 y durante un periodo de 10 años, la normativa anterior que aplicaba los coeficientes reductores sobre base reguladora. Hasta 1 de enero de 2024 (por lo tanto, en 2022 y 2023) permaneció vigente el sistema aplicado hasta 31 de diciembre de 2021 para esos beneficiarios con pensión superior a la máxima. Hasta 2021, una vez aplicados los coeficientes reductores trimestrales que se aplicaban, si la pensión teórica resultante de la aplicación de esos coeficientes era superior a la pensión máxima, se aplicaba una reducción del 0,5% trimestral sobre la pensión máxima (un total de un 4% en caso de adelanto de dos años-24 meses). A partir de 2024, los coeficientes reductores que se aplican durante este periodo transitorio, en función del año de acceso a la jubilación anticipada y de los meses de anticipación de la edad de jubilación, para aquellas personas con pensión teórica superior a la máxima, son los siguientes en el caso de que acrediten menos de 38 años y 6 meses cotizados: Por ejemplo, para aquellas personas con pensión teórica superior a la máxima que se jubilasen en 2025, habiendo anticipado 24 meses su jubilación (el máximo posible) y contando con menos de 38,5 años cotizados, el coeficiente reductor que se le aplicaría sobre la pensión teórica es el 7,40%. Para el caso de contar con más de 38 años y 6 meses cotizados, en este artículo vinculado informamos de los coeficientes aplicables para personas con pensión teórica superior a la pensión máxima que accedan a la jubilación anticipada voluntaria durante esta transitoria, en función del periodo cotizado, de los meses de adelanto de la jubilación y del año de acceso a la jubilación anticipada. No obstante, hay que apuntar que la normativa establece que esos coeficientes reductores sólo resultarán de aplicación en la medida en que la evolución de la pensión máxima absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 para aquellos trabajadores con pensión teórica superior a la pensión máxima, de manera que la pensión reconocida no resulte nunca inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021. Por tanto, quien se jubile anticipadamente en 2025 con una pensión teórica superior a la máxima no debería sufrir apenas merma respecto a haberlo hecho en 2023, teniendo en cuenta que: En primer lugar, la revalorización de la pensión máxima en 2024 respecto a 2023 ha sido de un 3,8%. En segundo lugar, con una estimación de revalorización de la pensión máxima en 2025 respecto a 2024 s de en torno a un 3,175% (producto de la suma de la estimación de variación media del IPC interanual entre diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025, más un 0,115% adicional que se aplicará cada año, a partir de 2025 y hasta 2050, a la revalorización de la pensión máxima). Que esa revalorización de la pensión máxima de 2024 más la estimada de 2025 sí absorbería el incremento de coeficiente en 2025 respecto al aplicado con las normas vigentes hasta 2021. Por ejemplo, un coeficiente de 7,40% en 2025 (aplicable en el caso de adelanto de la jubilación 24 meses y contar con menos de 38,5 años de cotización) supone un 3,40% más que el 4% total (0,5% trimestral) que se aplicaba hasta 2021 (y que el que se aplicó en 2022 y 2023), por lo que queda perfectamente absorbido por la revalorización de la pensión máxima. La única merma que sufriría sería el importe de la revalorización de la pensión máxima respecto a 2023 (último año que se aplicó el sistema antiguo) que haya tenido que aplicarse a absorber el incremento de coeficiente (por ejemplo, 3,40% en el caso tratado). En cambio, aquellas personas que accedan a la jubilación anticipada involuntaria, y una vez aplicados los coeficientes reductores que se aplican sobre el importe de pensión para el caso de jubilación anticipada involuntaria, les resultase un importe de pensión mayor que la pensión máxima, se les aplicará el mismo régimen que se aplicaba hasta 2021 (con anterioridad a la Reforma de las Pensiones). Por lo tanto, se les aplicaría el coeficiente reductor trimestral del 0,5% sobre la pensión máxima, por cada trimestre o fracción de trimestre de adelanto, con un máximo de un 8% de reducción. Más Información Claves de la Jubilación anticipada voluntaria en 2024 Jubilación anticipada involuntaria: quién puede acogerse a ella y qué penalizaciones se aplican en 2024

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La coordinación de seguridad social y de pensiones en los Estados miembros de la Unión Europa

Al igual que los ciudadanos de la Unión Europea que cumplan con los requisitos, los ciudadanos de Islandia, Liechtenstein y Noruega también están cubiertos por el Reglamento de coordinación de seguridad social en virtud del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE), y los de Suiza están cubiertos en virtud del acuerdo entre la Unión y dicho país. Tras el Brexit, se siguen protegiendo los derechos de las personas cubiertas por el Acuerdo de Retirada celebrado entre la Unión Europea y el Reino Unido. En caso de personas no cubiertas por el Acuerdo de Retirada, la coordinación de la seguridad social se regula mediante el correspondiente Protocolo del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Principios fundamentales de la coordinación de Seguridad Social en la Unión Europea Cada Estado miembro es libre de diseñar su sistema de seguridad social de forma independiente. En general, la prestación de la cobertura de seguridad social corresponde al país en el que trabaje la persona o, en ausencia de empleo, al país de residencia. En los casos en que están involucrados dos o más países, el Reglamento de coordinación determina qué país ofrece dicha cobertura a un ciudadano de la Unión. El Reglamento de coordinación se basa en cuatro principios fundamentales: 1. Igualdad de trato Los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de otros Estados miembros tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos del país de acogida. El derecho a la igualdad de trato es aplicable a todo trabajador por cuenta ajena o propia procedente de otro Estado miembro que haya residido en el Estado de acogida durante un determinado período de tiempo. 2. Totalización de periodos Se garantiza que en el cálculo de las prestaciones se tengan en cuenta los períodos previos de seguro, empleo o residencia en otros países. Si la legislación nacional de un pais exige que un trabajador haya estado asegurado o empleado durante un período de tiempo determinado antes de tener derecho a determinadas prestaciones, según el principio de totalización el Estado miembro competente debe tener en cuenta los períodos de seguro y empleo en otros Estados miembros. 3. Aplicación de una única legislación Cada beneficiario está cubierto por la legislación de un solo país y paga sus cotizaciones únicamente en ese país. 4. Exportabilidad Las prestaciones de seguridad social pueden percibirse en todo el territorio de la Unión y se prohíbe que los Estados miembros reserven el pago a las personas que residan en ellos. No obstante, esto no se aplica a todas las prestaciones de la seguridad social, ya que se aplican normas especiales, por ejemplo, a las prestaciones por desempleo. Personas cubiertas El régimen de coordinación de regímenes de Seguridad Social en la actualidad es aplicable tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores por cuenta propia, así como a las familias de ambos tipos de trabajadores y a las personas que estén a su cargo, así como a los apátridas y a los refugiados. El ámbito de aplicación de la coordinación de seguridad social se ha ido ampliando progresivamente para equiparar a los funcionarios con el resto de la población en cuanto al régimen general de seguridad social; ampliándose también el ámbito de aplicación a todas las personas aseguradas, en particular a: los estudiantes y a las personas sin empleo remunerado; los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión, los miembros de sus familias y sus supervivientes si también se encuentran en la Unión; los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión y en situación transfronteriza, los miembros de sus familias y sus supervivientes si también se encuentran en la Unión. Los trabajadores transfronterizos, que trabajan por cuenta ajena o propia en un Estado miembro y residen en otro Estado miembro al que regresan a diario o al menos una vez por semana, entran también en el ámbito de aplicación. A los trabajadores desplazados, sin embargo, se les asigna un destino temporal, pero siguen cubiertos por el sistema de seguridad social de su Estado miembro de origen por un máximo de veinticuatro meses, pudiendo obtener en el Estado miembro de residencia únicamente prestaciones en especie por enfermedad. Prestaciones incluidas Las prestaciones de seguridad social incluidas en el régimen de coordinación son las siguientes: prestaciones por enfermedad; maternidad y de paternidad asimiladas;  invalidez; prestaciones de jubilación (vejez); prestaciones de muerte y supervivencia; prestaciones de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional; subsidios de defunción; prestaciones de desempleo; prestaciones de prejubilación; prestaciones familiares; algunas prestaciones especiales en metálico no contributivas Tarjeta sanitaria europea Esta tarjeta facilita el acceso a la asistencia sanitaria en caso de necesidades médicas imprevistas durante una estancia temporal en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE), por motivos tanto personales como profesionales. El acceso se concede en las mismas condiciones y al mismo coste que para las personas aseguradas en ese país. Los costes son reembolsados por el sistema de seguridad social del país de origen. Ver aquí: Cómo puedo solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. Derechos complementarios de pensión Junto con los las pensiones públicas, los sistemas de pensiones complementarias desempeñan a menudo un papel importante a la hora de garantizar un adecuado nivel de vida durante la jubilación. La Directiva 2014/50/UE aborda una serie de obstáculos para que los trabajadores móviles puedan llevarse sus derechos de pensión complementaria con ellos cuando se trasladen a otro Estado miembro. Digitalización de la coordinación de la seguridad social Existe un sistema de intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI), que conecta a las instituciones de seguridad social de treinta y dos países: los 27 Estados miembros de la UE, junto con Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido. En septiembre de 2023, la Comisión europea presentó una Comunicación sobre la digitalización de la coordinación de la seguridad social, exponiendo los distintos proyectos en el ámbito de la digitalización, entre ellos el proyecto de la tarjeta europea de seguridad social.  Este proyecto se centra en la digitalización del proceso de solicitud y recepción de documentos que acrediten la situación de seguridad social, y la comprobación en tiempo real de estos documentos. Esto permitirá a las instituciones de seguridad social, las inspecciones de trabajo, los proveedores de asistencia sanitaria y otras entidades pertinentes verificar estos documentos de forma inmediata en toda Europa. Normativa En 1958, se adoptaron dos Reglamentos relativos a la seguridad social de los trabajadores migrantes, posteriormente sustituidos por el Reglamento (CEE), 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. En 2004, el Reglamento (CE) n. º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social derogó el Reglamento 1408/71, aunque este último sigue teniendo efectos en determinados actos y acuerdos comunitarios en los que la Unión sigue siendo parte. En 2010 se llevó a cabo una importante reforma del sistema con la adopción del paquete de modernización de la coordinación (Reglamento (CE) n. y Reglamento de aplicación (CE) n.).

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