¿Son adecuadas las medidas propuestas por el Gobierno, en materia de edad de jubilación, para afrontar el incremento de la esperanza de vida y hacer sostenible el sistema público de pensiones en España?
Evaluamos las medidas propuestas para alinear edad efectiva de jubilación con edad ordinaria. En concreto, mejorar la incentivación y comunicación de la demora voluntaria en la edad de jubilación, reforzar las formulas de compatibilidad entre trabajo y pensión, y la penalización de las jubilaciones anticipadas voluntarias.
Puede encontrar detalladas estas medidas propuestas en este otro post de MI Jubilación .
Estas medidas son adecuadas, pero no suficientes
Son tan solo un primer paso, que necesitará nuevas medidas.
Son medidas que aspiran a tener impacto sobre decisiones tomadas voluntariamente por los trabajadores, confiando en que un incentivo o un desincentivo, y no una obligación formal, producirá un resultado. Pero con la realidad de nuestro mercado laboral, querer no significa poder…
Ello pese a que las propuestas de ministerio recogen la “Evaluación de la realidad del mercado de trabajo para los trabajadores en edades próximas a la jubilación y el análisis de los datos existentes, tanto desde la oferta como la demanda trabajo, para entender la heterogeneidad en las decisiones de jubilación con los incentivos existentes”.
Téngase en cuenta la situación estructural y continuada en el tiempo del mercado laboral en España con un alto índice de desempleo, precariedad laboral y temporalidad, rigidez, y la aplastante realidad de que muchos trabajadores seniors son “expulsados” del mercado laboral y no disponen de la formación y el reciclaje necesario para ser empleables (trabajadores no cualificados).
Aunque quisieran, muchos trabajadores no podrán acogerse a la jubilación demorada o lo harán con muchas dificultades.
Si puede dar mejores resultados, en el retaso de la edad efectiva de jubilación, desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias de trabajadores con rentas altas.
¿Qué más es necesario hacer?
Sugerimos dos grupos de medidas.
1. Políticas activas de “empleo senior”: un compromiso de Estado con el trabajo de los mayores.
Para que sea eficiente este paquete de medidas propuestas por el ministro, debería ir acompañada de una verdadera estrategia nacional con políticas públicas de activación de trabajo senior que incluyan, entre otras, las siguientes medidas de:
- Prohibición de discriminación por edad, incluyendo la edad como una parte importante de la normativa protectora sobre diversidad e inclusión en las empresas. Asimismo, que la edad sea parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, y de sus compromisos y políticas en diversidad e inclusión, más allá de las obligaciones legales establecidas.
- Estrategias de formación continuada, reciclaje profesional y adaptación de los mayores a las nuevas tecnologías y a los nuevos entornos laborales.
- Políticas de salud laboral específicas para los trabajadores seniors.
- Incentivos y bonificaciones atractivas para las empresas por el empleo de los seniors y su desarrollo profesional.
- Adecuación del trabajo, y de las condiciones en que se presta, a la edad (conciliación y flexibilización).
- Un cambio en la concepción en las empresas de cómo deben ser las carreras profesionales a lo largo del ciclo de vida de la relación laboral. Es un error pensar que el último trabajo previo a jubilación ha de ser el de más responsabilidad alcanzada en toda una carrera profesional.
- Una decisión sincera y coherente sobre las prejubilaciones, eliminando cualquier coste estatal vinculado a las mimas, y especialmente exigiendo un compromiso del empleador que prejubila sobre la empleabilidad y la continuidad en el mercado de trabajo del prejubilado, ya sea como trabajador por cuenta ajena en otra empresa o como proveedor de servicios a su ex empleador o a otras empresas.
2. Retrasar la edad ordinaria o/y ajustar el importe de la pensión a esperanza de vida de cada generación
Se estima que la esperanza de vida en España de los que llegan con vida a los 65 años crezca de 23 años (en 2018) a 25,45 años en 2048.La esperanza de vida total en 2019 (83,59 años) creció en casi medio año respecto a 2018 (83,1 años) y pese a que, en 2020, y quizás 2021, bajará temporalmente por efecto de la pandemia COVI19 (la estimación de INE para 2020 es de 1 año menos) la tendencia es claramente al alza.
El incremento de la esperanza de vida obligará a tomar, cuanto antes mejor, una de las siguientes medidas alternativa o complementariamente, para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones:
- Vincular la edad legal ordinaria de jubilación a la esperanza de vida, revisando esa edad, por ejemplo, cada 10 años, empezando la revisión por ejemplo en 2029 y comparándola con la esperanza de vida en 2019. No supondría necesariamente un incremento de la edad de jubilación: si la esperanza de vida baja la edad de jubilación no quedaría igual, sino que se retrasaría. Ver retraso de la edad de Jubilación en otros países .
- Reactivar el Factor de Sostenibilidad o Factor de equidad intergeneracional-FEI, que está suspendido hasta 2023 .
De acuerdo al mismo, una vez calculada la pensión a la que tendría derecho una persona según los parámetros aplicados (años cotizados, bases cotización, edad de jubilación...), se le aplica un porcentaje corrector en función del incremento de la esperanza de vida en el momento de jubilación de su generación sobre la generación anterior.
El Factor de sostenibilidad ajusta las pensiones a la variación esperanza de vida con el objetivo de “que el importe total que reciba a lo largo de su vida un pensionista que accede al sistema de Pensiones dentro de un cierto número de años y que previsiblemente tendrá más esperanza de vida, sea equivalente al importe que perciba el que se jubila en un momento anterior” (en caso de que viviese que la esperanza de vida prevista para su generación). Asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajusta la equidad entre generaciones.
Ambas medidas, retraso de edad de jubilación y FEI, buscan el mismo objetivo: la equidad entre generaciones. Ello debería significar que, a igualdad de contribuciones, todas las generaciones perciban iguales prestaciones durante su retiro.
Al mismo tiempo se debe mantener la contributividad, es decir la proporcionalidad entre lo que una persona cotiza durante su vida activa y lo que cobra durante su jubilación. Un informe reciente de Banco de España estima que cada pensionista actual percibe de media 1,74 euros por cada 1 euro que ha cotizado, por lo que se está muy lejos de esa proporcionalidad.
Como hemo comentado, ambas medidas podrían aplicarse alternativamente, es decir poniendo en práctica solo una de ellas, o complementariamente, repartiendo entre ambas el peso para conseguir equilibrar los desajustes que en el sistema público de pensiones produzca el incremento de esperanza de vida.
¿Es más efectivo aplicar el Factor de sostenibilidad o retrasar la edad de jubilación?
A nivel teórico, el efecto positivo en la sostenibilidad del sistema de pensiones es mayor aplicando la medida de retrasar la edad de jubilación vinculándola al incremento de la esperanza de vida, ya que se consigue un triple efecto:
- Pagar pensión al beneficiario durante menos años (reducción de costes), al estar más años activo.
- Al mismo tiempo se incrementan los ingresos del sistema porque el trabajador y su empleador continúan cotizando.
- Finalmente, se pueden aplicar bonificaciones o reducciones de cotizaciones por lo que hace más atractivo a las empresas contratar trabajadores senior.
En cambio, el Factor de Sostenibilidad, tal y como está concebido en España, supone exclusivamente un recorte de gastos, aplicando un ajuste al importe de las pensiones en función del incremento de la esperanza de vida. Pero no supone un incremento de ingresos, porque no actúa sobre la continuidad en el empleo y sobre un retiro más tardío.
Como hemos comentado anteriormente, el retraso “obligatorio” en la edad legal de jubilación requeriría de políticas activas de empleo para hacer una realidad que en este país los mayores puedan trabajar.
Y además está la Tasa de Dependencia…
Otro factor demográfico muy relevante que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones es la tasa de dependencia o porcentaje de personas en edad de jubilación (mayores de 65) sobre población activa (entre 20 y 64 años).
El boom demográfico de los años 60 y 70 y la caida de la natalidad en las siguientes décadas (actualmente la tasa de natalidad es de 1,2 hijos por mujer), van a producir importantes desequilibrios durante las próximas décadas en la proporción entre activos y jubilados.
La tasa de dependencia en España se incrementará notablemente durante las próximas décadas, con la jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1975) a partir del 2023. Pasará de un 31% actualmente a un 78% en 2050 (fuente OCDE (*)). Este desequilibrio de número de miembros entre generaciones, desaparecerá hacía mitad de década de los 60 con la desaparición de esta generación del baby boom.
(*) Según el INE la tasa de dependencia en 2020 será un 53%
Los desequilibrios y ajustes que la tasa de dependencia pueda provocar sobre el sistema público de pensiones, se necesitaran complementar con sistemas de capitalización financiera, es decir, de ahorro y previsión social complementaria.
